Francisco Gutiérrez lleva 37 años criando corderos en Ceuta. Heredó el oficio de su abuelo y de su padre.
El ganadero contó a El Español, en una información publicada el 7 de octubre de 2026, que sus gastos se han duplicado porque no saca el rebaño a pastar por miedo. Asegura que ahora necesita gastar más en alimento. La información no incluye facturas ni datos contables que permitan medir el aumento real.
Hay una diferencia clave: gastar más en comida no significa que haya subido el precio de cada kilo. Si una explotación compra el doble de alimento al mismo precio, también duplica el desembolso. El Ministerio de Agricultura de España usa el sistema RENGRATI para analizar explotaciones típicas de ovino de carne. Sus modelos tienen en cuenta, entre otros factores, los recursos disponibles en el campo al calcular la suplementación.
El documento estudia granjas típicas de distintas zonas de España, con modelos en Aragón y Navarra. En ellos se aprovechan pastos y rastrojeras. También pueden incluir forrajes, además de alimento comprado. Estos ejemplos ayudan a entender por qué dejar de usar recursos del campo puede elevar las compras, pero no analizan la explotación de Francisco ni verifican sus gastos.
La cuenta puede ilustrarse con cifras hipotéticas: 1.000 kilos a 0,30 euros por kilo cuestan 300 euros. A ese mismo precio, 2.000 kilos cuestan 600 euros. El desembolso sube un 100 % sin que se encarezca el producto. No son datos de la granja ceutí.
Para calcular el aumento efectivo habría que comparar las cantidades compradas con las facturas de periodos equivalentes. También habría que revisar otros costes.
Francisco relaciona su temor con la situación migratoria y con la presencia de personas cerca de la explotación. También cuestiona las exigencias administrativas. Según su relato, esas circunstancias le impiden sacar las ovejas a pastar.
El episodio llega tras la llegada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio de 2026. Entonces circularon en internet rumores sobre una apertura de la frontera. Associated Press informó de que unas 80.000 personas pudieron llegar a Ceuta y de que hasta 15.000 permanecieron en la ciudad después de que la mayoría se marchara en pocos días. Halima Ahmed, representante de la organización Luna Blanca, dijo que repartían entre 3.000 y 5.000 raciones de comida al día.
En octubre, las estimaciones sobre cuántas personas seguían en Ceuta eran muy distintas. El Gobierno central hablaba de más de 6.000. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, calculaba entre 13.000 y 15.000, según El Mundo. El periódico vinculó el aumento de la tensión con el desalojo del asentamiento de El Trampolín. También recogió quejas de vecinos sobre seguridad.
Veterinarios de Ceuta también comunicaron dificultades para trabajar. La Organización Colegial Veterinaria informó el 11 de septiembre de 2026 de problemas con los servicios nocturnos y los desplazamientos. Los profesionales también señalaron dificultades para atender casos fuera de los centros. Algunas clínicas limitaron el acceso como medida de precaución.
La organización precisó que los veterinarios seguían prestando todos sus servicios y mantenían el ritmo de vacunación antirrábica. También propusieron mejorar el encaje de Ceuta en las políticas agraria y pesquera comunes para facilitar ciertos movimientos de animales. La propuesta incluye productos. Es una petición profesional, no una reforma aprobada ni una ayuda disponible para la explotación de Francisco.
El 7 de octubre de 2026, el Gobierno de España anunció que preparaba una ayuda de 45,3 millones de euros para cubrir gastos extraordinarios de Ceuta. La limpieza figura entre los ámbitos citados. También la educación. El anuncio incluye el medio ambiente y los servicios sociales. El ministro de Hacienda, Arcadi España, dijo que la cantidad se había acordado con el Gobierno de la ciudad autónoma.
El Real Decreto 348/2000 obliga a dar a los animales comida suficiente y adecuada, además de agua de calidad. Si alguno parece enfermo o herido, debe recibir atención inmediata. Si no responde a los cuidados, hay que consultar a un veterinario. La norma exige revisiones periódicas. También obliga a conservar durante al menos tres años los registros de tratamientos y de animales muertos hallados en las inspecciones.
