La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el sector de los hidrocarburos en España. Los agentes han detectado que más de 78 millones de euros salieron de cuentas españolas y acabaron en empresas portuguesas. El centro de la trama es Villafuel, una empresa ligada a Víctor de Aldama, condenado por corrupción. El caso está ya en la Audiencia Nacional.
Según el informe policial, al que accedió elDiario.es y que adelantó la Cadena SER, Villafuel SL, dirigida por Claudio Rivas, usó su posición como operador mayorista de productos petrolíferos para firmar un contrato logístico con Exolum Corporation, que actúa como depósito fiscal. Desde ahí, Villafuel empezó a comprar productos petrolíferos a otros operadores. Simuló venderlos a siete empresas bajo su control. Estas firmas hacían de intermediarias ficticias entre los verdaderos intermediarios y las estaciones de servicio.
La UCO ha solicitado al juez Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de cuentas en Portugal tras localizar transferencias por más de 56,5 millones de euros en ese país.
De los 78,3 millones transferidos, la UCO ha identificado que 8,8 millones terminaron en tres empresas directamente relacionadas con Víctor de Aldama, que ya tenía antecedentes por corrupción. La Guardia Civil sostiene que la red montó dos sistemas: uno para defraudar a Hacienda y otro para blanquear el dinero, desviando fondos a sociedades en Portugal.
El fraude fiscal que calculan los investigadores supera los 180 millones de euros, según el atestado enviado al juez Santiago Pedraz. La UCO ha pedido bloquear las cuentas bancarias implicadas y nuevas diligencias para seguir el rastro del dinero que volvió a España. También ha solicitado órdenes europeas de investigación a las autoridades portuguesas y comisiones rogatorias internacionales para seguir fondos que podrían haberse convertido en criptomonedas.
En 2024, el juez Pedraz ya había solicitado a Portugal el bloqueo de fondos relacionados con la trama, aunque no quedó claro si la medida se ejecutó entonces. El nuevo requerimiento busca asegurar la congelación efectiva de los activos y evitar su dispersión.
El caso muestra lo complejas que son las redes de fraude en el sector energético y hasta dónde pueden llegar las autoridades para seguir operaciones entre países. La colaboración entre España y Portugal será clave para saber dónde acabó el dinero y hasta qué punto se blanqueó. Las cifras y el uso de empresas pantalla dejan claro que el control fiscal y financiero sigue siendo un reto internacional. La respuesta de la justicia y la policía marcará el futuro de la lucha contra el fraude en el sector de hidrocarburos en la península ibérica.
Según información de la Cadena SER, la UCO también investiga si parte del dinero desviado pudo convertirse en criptomonedas, lo que amplía la investigación más allá del fraude fiscal clásico.
