La investigación sobre el fraude de hidrocarburos que se atribuye a Víctor de Aldama y Claudio Rivas ha saltado al plano internacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado movimientos de 78,3 millones de euros hacia cuentas en Portugal, Irlanda, China, Italia y Alemania. Los agentes han pedido al juez Santiago Pedraz que pida ayuda a las autoridades de esos países para bloquear cuentas y seguir el rastro del dinero. Así lo han confirmado medios como El País y la Agencia EFE.
El informe policial, enviado en septiembre a la Audiencia Nacional, recoge que al menos 14 empresas pantalla están implicadas en la trama. Los agentes han identificado la entrada de 56,5 millones en cuentas portuguesas, aunque el flujo total supera los 78 millones. Parte de ese dinero, según la UCO, ya ha vuelto a España o se ha convertido en criptoactivos. Además, tres empresas ligadas directamente a Aldama recibieron unos 8,8 millones de euros.
El principal socio de Aldama, Claudio Rivas, ha comunicado su disposición a declarar ante el juez como investigado en los próximos días.
Según los investigadores, la red se divide en dos ramas: una dedicada al fraude fiscal en hidrocarburos y otra al blanqueo de capitales. La empresa Villafuel aparece como la cabeza del entramado. El sumario la vincula incluso con la compra de un chalé en La Línea de la Concepción para el exministro socialista José Luis Ábalos. La UCO señala a Villafuel como el núcleo desde el que se montaban cadenas ficticias de suministro y se sacaba el dinero fuera de España.
Entre 2022 y 2024, el fraude estimado supera los 182,5 millones de euros. En publicaciones recientes, la cifra sube a más de 200 millones. Para ocultar el origen del dinero, la red usó sociedades interpuestas y transferencias internacionales, lo que complica el seguimiento de los fondos. La UCO destaca que parte del dinero enviado a Portugal se usó para comprar criptoactivos en plataformas exchange. Hay una salida concreta de 213.663 euros a una sociedad irlandesa especializada en este mercado.
Los agentes también han detectado transferencias de 500.000 euros a una empresa con sede en Hong Kong y movimientos sospechosos hacia sociedades en Italia y Alemania. El objetivo, según el informe, era mover los ingresos y dificultar el rastreo del dinero defraudado.
La UCO ya había solicitado en 2024 la colaboración de las autoridades portuguesas para bloquear fondos, pero el resultado oficial de ese requerimiento no fue confirmado públicamente. El nuevo impulso busca evitar que los activos localizados en Portugal y otros países europeos se dispersen antes de que puedan ser intervenidos judicialmente.
La colaboración con las autoridades portuguesas ha permitido localizar parte del dinero, pero la UCO insiste en que necesita acceder a otras 70 cuentas bajo sospecha en ese país. El informe también pide una orden europea para obtener información de la sociedad irlandesa implicada en la conversión a criptomonedas. Según información de eldiario.es, la estrategia de la Guardia Civil es ampliar la cooperación internacional para asegurar el bloqueo de activos y evitar que el dinero siga moviéndose entre empresas pantalla.
El caso, que investiga la Audiencia Nacional, muestra la sofisticación de las redes de fraude fiscal y blanqueo en sectores como el de hidrocarburos. El volumen de los movimientos y la variedad de destinos internacionales dejan ver cómo estas organizaciones aprovechan vacíos legales y tecnológicos. La respuesta de la Guardia Civil, centrada en la cooperación internacional y el bloqueo de activos, marca un precedente en la lucha contra delitos económicos de gran escala en España.
