El juez de la Audiencia Nacional ha ofrecido a Hacienda personarse en la investigación sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la oficina de Zapatero. El caso apunta a posibles delitos fiscales y de contrabando.
El magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha dado un paso relevante en la investigación sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros localizadas en la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En una decisión formal, el juez ha ofrecido a la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, la posibilidad de personarse como parte afectada en la causa, que se tramita como pieza separada y se centra en el origen y la justificación de casi 80 piezas de joyería encontradas en una caja fuerte en la calle Ferraz de Madrid.
La medida responde a la sospecha de que los hechos puedan constituir un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, ambos castigados con penas de prisión si se superan ciertos umbrales económicos. Según el auto judicial, la naturaleza de la investigación apunta a un posible perjuicio patrimonial para el Estado, lo que legitima a la Agencia Tributaria para ejercer acciones penales y civiles en defensa de los intereses públicos.
Zapatero compareció ante el juez la semana pasada, aunque optó por no dar explicaciones sobre el origen de las joyas, alegando que se pronunciaría en una nueva declaración en los próximos días. Su abogado había solicitado aplazar esta parte de la declaración, argumentando falta de tiempo para preparar la defensa tras la reciente tasación de las joyas por la histórica joyería Ansorena, pero el juez rechazó la petición al considerar que el tiempo concedido era suficiente.
El caso de las joyas se tramita de forma independiente a la investigación principal, en la que se analiza un presunto tráfico de influencias relacionado con la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021. En este contexto, la defensa de Zapatero, encabezada por Víctor Manuel Moreno Catena, ha solicitado la nulidad general de la investigación y la exclusión de todas las pruebas obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción, alegando vulneración de derechos y análisis ilícito de evidencias. El juez Calama deberá pronunciarse sobre esta petición en las próximas semanas, sin un plazo concreto para resolverla.
La intervención de Hacienda en procesos judiciales por delitos fiscales no es inédita en España. En otros casos recientes, como el que impulsó el inspector Raúl Burillo sobre contratos públicos en Zaragoza, la participación de la Agencia Tributaria ha sido clave para esclarecer responsabilidades y proteger los intereses estatales, como se detalla en este análisis sobre la regulación del colaborador en casos de corrupción.
En España, el delito contra la Hacienda Pública se configura cuando la defraudación supera los 120.000 euros, mientras que el delito de contrabando se aplica a bienes cuyo valor excede los 150.000 euros. Ambos delitos pueden acarrear penas de prisión de uno a cinco años. La Agencia Tributaria, como órgano encargado de la gestión de los ingresos estatales, suele personarse en procedimientos donde se investiga un posible perjuicio económico para el Estado. La decisión del juez Calama refuerza la posición de Hacienda en este tipo de causas y podría marcar el desarrollo de la investigación sobre las joyas halladas en la oficina de Zapatero.
