La Audiencia de Barcelona juzga a Alba Vergés y su equipo por presunta discriminación en la vacunación covid. La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación. El caso afecta a policías nacionales y guardias civiles.
La Audiencia de Barcelona inicia este martes un proceso judicial contra la exconsellera de Salud Alba Vergés y tres altos cargos de su departamento, acusados de haber discriminado a policías nacionales y guardias civiles durante la campaña de vacunación contra la covid-19. La Fiscalía solicita para Vergés y los otros responsables una pena de 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación, al considerar que retrasaron de forma deliberada la inmunización de estos cuerpos estatales frente a los Mossos d'Esquadra y policías locales.
Según la acusación, en marzo de 2021, la dirección de Salud habría decidido paralizar el proceso de vacunación para agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pese a que ya existía un acuerdo previo para inmunizarlos a partir del 15 de ese mes. Un mensaje interno del gabinete de Vergés, citado en la causa, refleja la orden de detener la vacunación de estos colectivos, sin que se pudiera justificar la decisión ante los responsables del proceso.
El calendario de vacunación, consensuado en el Consejo Interterritorial de Salud el 9 de febrero, establecía que los cuerpos policiales con funciones especiales debían recibir la vacuna AstraZeneca de forma prioritaria. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el Departamento de Salud solo aplicó este criterio a los Mossos y policías locales, dejando en segundo plano a los agentes estatales. El 15 de marzo, la conselleria suspendió todas las vacunaciones con AstraZeneca tras detectarse casos de trombosis, pero una semana después se reanudó la administración de la vacuna para personas de hasta 65 años, incluidos los policías.
La acusación subraya que, tras la reanudación, Salud priorizó la vacunación de personas entre 60 y 65 años, lo que, según el ministerio público, perjudicó a los guardias civiles y policías nacionales, salvo a quienes se encontraban en ese rango de edad. En ese momento, solo el 2,8% de los guardias civiles y el 3,6% de los policías nacionales habían recibido la vacuna, frente a porcentajes mucho más altos en Mossos, policías locales y bomberos.
Durante la instrucción, Alba Vergés defendió que el calendario se pactó con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y que las decisiones respondieron a criterios sanitarios para proteger primero a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que los acusados eran plenamente conscientes de que su decisión suponía una discriminación y dejaba a los agentes estatales sin protección frente al virus.
El juicio, que se prevé concluya el 15 de julio, se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de la pandemia y la toma de decisiones en materia de salud pública. Este tipo de procesos judiciales han reabierto el debate sobre la responsabilidad de los altos cargos en situaciones de emergencia, como ya ocurrió en otros casos recientes, por ejemplo cuando el Tribunal Supremo avaló la suspensión de la pena a Víctor de Aldama tras su colaboración en el caso Koldo.
Como contexto, la campaña de vacunación en España estuvo marcada por la escasez inicial de dosis y la necesidad de priorizar colectivos esenciales. El Consejo Interterritorial de Salud, órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades, fue clave en la definición de los grupos prioritarios. Las decisiones sobre la administración de AstraZeneca generaron controversia en varias regiones, especialmente tras los informes sobre efectos adversos. El caso que ahora se juzga en Barcelona pone el foco en la gestión autonómica y en el equilibrio entre criterios sanitarios y la igualdad de trato entre cuerpos policiales.
