La percepción de la justicia en España muestra una fuerte división política. Mientras la derecha la aprueba, la izquierda la suspende y reclama reformas. El debate se intensifica en torno a casos mediáticos y la imparcialidad de los jueces.
La justicia española atraviesa un momento de desconfianza ciudadana, según los últimos datos de la encuesta de 40dB. El sistema judicial obtiene una nota media de 4,9 sobre 10, situándose por debajo del aprobado y reflejando una fractura política significativa. El dato más relevante es que esta baja valoración se concentra en los votantes de izquierda, mientras que los de derecha otorgan una calificación positiva al funcionamiento de los tribunales.
El estudio revela que la mayoría de quienes apoyan a PSOE, Sumar y Podemos perciben que la judicatura está dominada por jueces de ideología conservadora. Por el contrario, los votantes de PP y Vox consideran que la composición ideológica de los jueces es equilibrada. Esta diferencia de percepción se traslada también a la valoración de las decisiones judiciales: la izquierda tiende a verlas como favorables a la derecha, mientras que la derecha las interpreta como neutrales.
La sospecha de parcialidad se acentúa entre los electores progresistas, que muestran mayor predisposición a pensar que algunos jueces actúan guiados por sus propias ideas políticas. Además, más del 80% de los votantes de izquierda cree que existe lawfare en España, es decir, el uso de los tribunales como herramienta política. Entre quienes detectan esta práctica, la mayoría considera que se dirige principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierda.
La asimetría en la percepción de la justicia se hace aún más visible al analizar casos concretos incluidos en la encuesta. Tanto votantes de izquierda como de derecha conocen mejor los casos que afectan al PSOE —como los de Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo García y José Luis Ábalos— que los que involucran al PP, como Kitchen, Púnica o González Amador. Esta diferencia puede estar relacionada con una cobertura mediática desigual.
Al preguntar por las motivaciones de las investigaciones judiciales, la ciudadanía muestra opiniones divididas. En los casos que afectan al presidente del Gobierno —su esposa y su hermano—, las razones políticas pesan casi tanto como los indicios jurídicos. Por bloques, la derecha ve fundamentos legales en los casos González Amador, Kitchen y Púnica, mientras que la izquierda solo aprecia indicios jurídicos en el caso Koldo-Ábalos, pero no en los de Begoña Gómez, David Sánchez ni Rodríguez Zapatero.
Como consecuencia de estas percepciones, los votantes de izquierda son más proclives a defender reformas en el sistema judicial. Entre las propuestas más mencionadas figuran la elección por sorteo o por voto ciudadano de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como la transferencia de la investigación inicial de los procesos judiciales a los fiscales en lugar de los jueces.
El debate sobre la imparcialidad y la legitimidad de la justicia en España se mantiene abierto y polarizado. La falta de consenso sobre el papel de los jueces y la percepción de que la justicia puede ser utilizada como arma política alimentan la demanda de cambios estructurales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la confianza en la justicia ha sido históricamente inferior a la de otras instituciones del Estado. En España, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y su renovación ha sido objeto de controversia política en los últimos años. El término lawfare, de origen anglosajón, ha cobrado relevancia en el debate público español a raíz de varios procesos judiciales de alto perfil. La percepción de imparcialidad judicial es clave para la estabilidad democrática y la confianza en el Estado de derecho.
