La Guardia Civil investiga transferencias y documentos que relacionan a la empresa de la familia de Susana Sumelzo con la trama de Leire Díez. El caso apunta a posibles adjudicaciones irregulares y pagos cruzados.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha puesto el foco en la empresa familiar de Susana Sumelzo, secretaria de Estado del PSOE. Durante un registro en un despacho fiscal relacionado con la red de Leire Díez, los agentes hallaron una tarjeta de visita de Sumelzo S.A. Obras Públicas y documentación que revela pagos y transferencias entre sociedades bajo sospecha.
Según los informes a los que ha accedido ABC, la UCO incautó registros contables que muestran movimientos de dinero entre la empresa de los Sumelzo y compañías gestionadas por Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Entre los documentos destaca un apunte de 94.950 euros vinculado a Servinabar, sociedad de Alonso, y otro de 47.000 euros relacionado con Netx Generation Caliope, dedicada a energías renovables. Ambos nombres aparecen en notas manuscritas junto a cifras relevantes, lo que ha intensificado las pesquisas sobre posibles adjudicaciones públicas irregulares.
La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, se centra en determinar si existió una 'SEPI paralela' que facilitaba ayudas a empresas a cambio de comisiones. En este contexto, la UCO ha detenido a figuras clave como Vicente Fernández, Joseba Antxon Alonso y Leire Díez. El despacho de Carmelo Aznarez Pellicer, considerado asesor fiscal de la trama, fue uno de los principales objetivos de los registros, donde además de la contabilidad se localizó la tarjeta de la empresa de los Sumelzo con el nombre de Carmelo en el reverso.
La sombra de la sospecha sobre la empresa familiar de Susana Sumelzo no es nueva. El Partido Popular denunció en febrero incompatibilidades y posibles conflictos de intereses en la adjudicación de contratos públicos en Aragón, señalando que Sumelzo ejercía como técnica en la Diputación de Zaragoza durante la concesión de estos contratos. Ahora, la UCO trata de esclarecer si existe una conexión directa entre la sociedad y la trama de Leire Díez, más allá de la relación con el despacho fiscal investigado.
Entre los hallazgos, los agentes también detectaron pagos periódicos de empresas como Tubos Reunidos, actualmente bajo investigación, y otras sociedades como Mediaciones Martínez, Marbella Real Estate 190 y Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Esta última realizaba abonos mensuales de unos 700 euros al despacho por gestiones administrativas. Además, se intervino documentación sobre la venta de un Skoda Octavia al marido de Leire Díez por 1.500 euros y la reserva de una vivienda en Villa Constancia, con un pago de 26.615 euros a consultores de Madrid.
La UCO también encontró facturas de consultoría fechadas en marzo de 2025, por un importe de 53.600 euros, destinadas a la localización de inmuebles industriales para la implantación de 'data center' en Navarra y País Vasco. Estos movimientos refuerzan la hipótesis de una red de pagos cruzados y servicios que ahora están bajo la lupa judicial.
El caso SEPI se suma a otros recientes escándalos de adjudicaciones públicas en España, donde la colaboración entre empresas y responsables políticos ha sido objeto de debate. En este contexto, la figura del colaborador en investigaciones de corrupción ha sido cuestionada, como se analizó en un reciente artículo sobre la regulación de los colaboradores en casos de contratos públicos en Zaragoza.
La investigación sigue abierta y la UCO continúa analizando la documentación intervenida para determinar el alcance real de las conexiones entre la empresa de la familia Sumelzo y la trama de Leire Díez. El caso pone de relieve la complejidad de las redes empresariales y políticas en torno a la adjudicación de fondos públicos en España. La SEPI, como organismo estatal, ha estado en el centro de varias polémicas en los últimos años, y este nuevo episodio podría tener repercusiones en la gestión de ayudas y contratos en el ámbito público.
