La Guardia Civil investiga pagos de 247.459 euros en comisiones ligados a Tubos Reunidos. Altos responsables del PSOE y PNV aparecen implicados en gestiones para un crédito estatal. El caso apunta a una red de influencias políticas en Euskadi.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el centro del foco a destacados dirigentes del PSOE y del PNV por su presunta implicación en una trama de comisiones vinculada a la empresa vasca Tubos Reunidos. El informe, de casi 200 páginas, detalla cómo la concesión de un préstamo público de 112,8 millones de euros en 2021 a esta compañía estuvo acompañada de gestiones políticas y pagos que alcanzaron los 247.459 euros en comisiones.
Según la documentación de la UCO, la red habría sido liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, extendiéndose más allá del partido y del Gobierno central hasta involucrar a figuras clave del PNV y del PSE-EE. Entre los nombres señalados figuran el ex presidente del PNV Andoni Ortuzar, el vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya Mikel Torres, y el líder de los socialistas vascos Eneko Andueza.
El informe revela que Ortuzar mantuvo reuniones en enero de 2025 con el ex vicepresidente de la Sepi Vicente Fernández y con un directivo de Tubos Reunidos, con el objetivo de evitar que la empresa tuviera que entregar 10 millones de euros a la administración. Por su parte, Mikel Torres intercambió 1.288 mensajes con Leire Díez, quien desde julio de 2024 habría intensificado la presión política en favor de Tubos Reunidos. La UCO señala que Díez, Fernández y el comisionista Antxon Alonso recibieron pagos mensuales de hasta 5.000 euros por sus gestiones, utilizando una empresa pantalla y contratos sucesivos.
Las gestiones en la sombra se multiplicaron a partir de 2024, cuando la situación financiera de Tubos Reunidos empeoró y la empresa se acercaba al concurso de acreedores. En ese contexto, Leire Díez habría reforzado su papel como intermediaria, buscando la implicación directa de los máximos responsables del PNV y del PSOE vasco. La presión sobre Torres se documenta en mensajes donde se le insta a reunirse con consejeros de la empresa y se le informa de la gravedad de la situación.
Vicente Fernández, según la UCO, recurrió a Antxon Alonso para que la dirección del PNV interviniera y la Sepi modificara su criterio inicial, que era negativo respecto al crédito. La intervención política permitió que Tubos Reunidos obtuviera el préstamo y, posteriormente, se beneficiara de una reducción de intereses y del impago de 10 millones de euros derivados de la venta de un inmueble en Sestao.
En octubre de 2024, Leire Díez también preguntó a un consejero de Tubos Reunidos por el resultado de una reunión con Eneko Andueza, aunque el líder del PSE-EE no ha aclarado el contenido de ese encuentro. Mikel Torres, por su parte, ha negado haberse reunido con Díez para el rescate de la empresa y ha justificado la abundancia de mensajes por su relación vecinal en Portugalete, donde fue alcalde hasta junio de 2024.
El caso de Tubos Reunidos se suma a una serie de investigaciones recientes sobre la relación entre política y comisiones en España. En este contexto, la atención pública sobre la transparencia en la gestión de fondos estatales ha ido en aumento, como ya ocurrió en otros casos de alto perfil, entre ellos el proceso judicial que llevó a la condena de José Luis Ábalos, detallado en una sentencia reciente del Tribunal Supremo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) gestiona el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, al que también recurrió la aerolínea Plus Ultra. El informe de la UCO subraya que la negativa inicial de la Sepi a conceder el crédito a Tubos Reunidos cambió tras la intervención de altos cargos políticos. El uso de empresas pantalla y la coordinación entre responsables públicos y privados son elementos que, según los investigadores, caracterizan este tipo de tramas en el entorno empresarial y político español.
