La investigación sobre blanqueo y narco en Cádiz implica a empresarios y contratos públicos. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, niega relación, pero crecen las dudas. La Guardia Civil prevé más detenciones.
La Guardia Civil ha puesto el foco en una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico que salpica a la Diputación de Cádiz y a empresarios de El Puerto de Santa María. El caso ha cobrado fuerza tras el hallazgo de 1,2 millones de euros en efectivo en negocios y oficinas de Pascual Llopis, hostelero conocido en la zona y cercano al alcalde Germán Beardo. La investigación, que ya suma 11 detenidos, apunta a contratos de patrocinio por más de un millón de euros adjudicados sin publicidad a empresas de Llopis entre 2024 y 2026.
El operativo arrancó con registros simultáneos en locales de El Puerto y propiedades en Sevilla, así como en dependencias de la Diputación gaditana. Los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y la Unidad de Delitos Económicos de la Comandancia de Sevilla llevaban meses tras la pista de un grupo empresarial que, según las pesquisas, habría utilizado fondos procedentes del narcotráfico para blanquearlos a través de negocios de hostelería y ocio. Entre los arrestados figuran el propio Llopis, su hijo, su esposa y otros empresarios del sector.
La investigación se centra en cinco contratos de patrocinio gestionados desde el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, dirigida por Beardo, y la Consejería de Turismo. Los documentos intervenidos, junto a correos y discos duros, podrían implicar a empleados públicos o cargos políticos, aunque por ahora ninguno figura entre los primeros detenidos. La Guardia Civil y fuentes judiciales no descartan nuevas detenciones a medida que avanza el análisis de la documentación incautada.
El caso ha generado presión política sobre Germán Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente de la Diputación, quien niega cualquier implicación. Sin embargo, no ha aclarado si reside actualmente en una vivienda turística propiedad de Llopis, como han señalado medios locales y fuentes de la oposición. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado que Beardo no está investigado "a día de hoy", pero la polémica crece en el municipio.
Entre los investigados destaca la figura de Mario, con antecedentes por tráfico de cocaína y hachís, considerado el nexo entre el dinero ilícito y el entramado empresarial. En los registros no se hallaron drogas, pero sí grandes sumas de efectivo: en total, 1,8 millones de euros entre Cádiz y Sevilla. La Guardia Civil prevé que la cifra bajo sospecha aumente cuando se valoren los bienes intervenidos, incluidos vehículos y otros activos.
El caso recuerda a otros recientes escándalos de corrupción y uso irregular de fondos públicos en España, como el que afectó a Víctor de Aldama, cuya condena fue reducida tras colaborar con la justicia, reabriendo el debate sobre la eficacia de los pactos en la lucha anticorrupción (más detalles sobre la sentencia del caso Koldo).
En el contexto de la investigación, la Guardia Civil ha recabado información sobre siete empresas vinculadas a Llopis, así como su papel como administrador único y responsable de una comunidad de bienes. El hostelero, conocido desde los años 90 por locales como Mucho Teatro o La Pontona, había recuperado protagonismo empresarial tras una etapa de crisis, lo que ahora es objeto de análisis por parte de la Fiscalía Antidroga. La naturaleza de los delitos investigados —blanqueo, cohecho, prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencias— sugiere que la trama podría tener ramificaciones en la administración pública local y provincial.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los contratos públicos ante posibles prácticas corruptas y la dificultad de controlar el origen de los fondos en sectores como la hostelería y el ocio nocturno. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre el alcance de la red y la posible implicación de cargos públicos. La situación en El Puerto de Santa María y la Diputación de Cádiz se mantiene bajo estrecha vigilancia judicial y mediática.
