El mecanismo para conceder la nacionalidad a nietos de exiliados españoles acumula 32 trámites en cinco años. El PP cuestiona la transparencia y el ritmo del proceso, mientras el Gobierno defiende su legalidad.
El procedimiento para otorgar la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, conocido como ley de nietos y enmarcado en la Ley de Memoria Democrática, ha atravesado 32 trámites parlamentarios en los últimos cinco años. El Partido Popular ha intensificado sus críticas, señalando supuestas prisas y falta de transparencia en la gestión, aunque el Gobierno sostiene que el proceso ha sido largo y sometido a debate público.
Desde su actualización hace cinco años, la ley ha pasado por nueve debates en el Congreso y el Senado, 16 publicaciones en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, cinco en el Diario de Sesiones y dos en el Boletín Oficial del Estado. El texto recibió 469 enmiendas, de las cuales 93 fueron presentadas por el propio PP. A pesar de las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas inicialmente por el líder popular Alberto Núñez Feijóo, la formación ha matizado su postura y ahora centra sus reproches en el procedimiento seguido por el Ejecutivo.
El debate sobre la nacionalidad de los nietos de exiliados no es nuevo en la política española. Figuras históricas del PP, como Manuel Fraga, y actuales responsables gallegos, entre ellos Alfonso Rueda y la portavoz en el Congreso Ester Muñoz, han defendido en el pasado la necesidad de facilitar el acceso a la nacionalidad para los descendientes de quienes abandonaron España por motivos políticos. Sin embargo, el voto exterior, aunque atractivo en términos electorales, nunca ha tenido un peso decisivo en Galicia, donde el PP ha gobernado durante 37 años.
El proceso legislativo de la Ley de Memoria Democrática siguió los cauces habituales: la propuesta se presentó en la Comisión Constitucional del Congreso en agosto de 2021, se abrió un periodo de enmiendas hasta noviembre, y tras meses de trabajo en comisión, el texto fue debatido y aprobado en ambas cámaras entre julio y noviembre de 2022. Entre las enmiendas, la número 430, firmada por Cuca Gamarra, proponía una redacción para la disposición adicional octava sobre la adquisición de la nacionalidad, que no generó controversia en ese momento.
Para aclarar el alcance y los procedimientos de la ley, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública emitió una instrucción publicada en el BOE en octubre de 2022. Este documento interpretó que la disposición no solo beneficiaba a hijos y nietos nacidos tras la pérdida de nacionalidad de sus ascendientes, sino también a descendientes de exiliados por motivos de orientación sexual y a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978. La instrucción fue recurrida únicamente por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitió la impugnación.
En los últimos días, la organización Hazte Oír ha presentado una querella por prevaricación administrativa contra la directora general de Justicia, en un contexto de creciente tensión política. El Gobierno interpreta estas acciones como parte de una estrategia conjunta del PP y Vox para poner en duda cualquier medida del Ejecutivo, incluso aquellas que los populares han defendido históricamente en Latinoamérica.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado que, hasta el 31 de marzo, 2,4 millones de personas habían solicitado cita en consulados para tramitar la nacionalidad bajo esta ley. De ellas, 1,2 millones presentaron formalmente la solicitud y 544.722 ya han sido aprobadas, con 306.000 inscripciones en el registro civil. Justicia subraya que el ritmo de resolución es lento y que, solo en 2025, se gestionaron más de 296.000 solicitudes de nacionalidad por residencia, aparte de las tramitadas por la ley de nietos.
El debate sobre la nacionalidad y la memoria histórica sigue marcando la agenda política española. En este contexto, la atención sobre los procedimientos y la transparencia institucional recuerda a otros momentos de tensión entre el Gobierno y la oposición, como ocurrió con la sentencia europea sobre la amnistía catalana, que también generó intensos debates en el Congreso y fue analizada en detalle en un reportaje reciente de espanol.news.
La ley de nietos, en vigor desde hace cuatro años, busca reparar situaciones derivadas del exilio y ampliar el acceso a la nacionalidad a colectivos históricamente excluidos. El proceso, aunque criticado por su lentitud y complejidad, ha permitido a cientos de miles de descendientes de españoles recuperar un derecho vinculado a su origen familiar. La instrucción publicada en 2022 sigue siendo el principal referente para los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes, mientras el debate político sobre su alcance y aplicación continúa abierto.
