La Audiencia Nacional retoma la investigación sobre la cúpula de ETA por el atentado de Barajas. Un informe policial señala que solo el comité ejecutivo podía autorizar la acción. Ocho exdirigentes quedan bajo la lupa judicial.
La Audiencia Nacional ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre la presunta implicación de antiguos líderes de ETA en el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, ocurrido en diciembre de 2006. Un extenso informe de la Policía Nacional, entregado al juez Francisco de Jorge, detalla cómo funcionaba la estructura de mando de la organización terrorista en ese periodo y quiénes formaban parte de su dirección.
Según el documento policial, solo los miembros del comité ejecutivo de ETA, conocido como Zuzendaritza Batzordea (Zuba), tenían la capacidad de ordenar la colocación de la furgoneta bomba que acabó con la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, dejó una veintena de heridos y supuso el fin de las negociaciones entre la banda y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El informe identifica a ocho integrantes de la dirección de ETA en los meses previos al atentado, entre ellos Jose Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera), Mikel Carrera Sarobe (Ata), Ainhoa Ozaeta (Kuraia) y Airtzol Iriondo (Gurbitz), los cuatro inicialmente denunciados por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ). A ellos se suman Garikoitz Aspiazu (Txeroki), Francisco Javier López Peña (Thierry), Igor Suberbiola e Iratxe Sorzabal.
El análisis policial subraya que la toma de decisiones en ETA era altamente jerarquizada y estructurada, con la dirección ejerciendo un control absoluto sobre los comandos operativos. Los atentados, especialmente los catalogados como “especiales” por la propia banda, eran planificados, coordinados y autorizados exclusivamente por la Zuba. El informe recuerda que la sentencia contra los autores materiales del atentado de Barajas ya recogía que la orden fue transmitida directamente por dos dirigentes de la cúpula en una reunión en Navarra, meses antes del ataque.
La causa judicial se reactivó tras la querella presentada por DyJ, que busca que los exdirigentes de ETA sean considerados “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados. En los últimos años, al menos media docena de investigaciones han sido reabiertas para intentar sentar en el banquillo a más de veinte antiguos responsables de la organización. El informe policial sostiene que, dada la férrea disciplina interna, ninguna acción relevante se ejecutaba sin el conocimiento o autorización de la cúpula.
Entre los ocho identificados, el informe señala que Francisco Javier López Peña (Thierry) falleció en 2013, por lo que su responsabilidad penal ha quedado extinguida. El resto permanece bajo investigación. El juez Francisco de Jorge ya procesó en 2025 a cinco jefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, aplicando el criterio de responsabilidad por todos los atentados cometidos durante su pertenencia a la dirección. Otros magistrados han seguido líneas similares en causas recientes, reforzando la tesis de que la cúpula decidía los objetivos y la ejecución de los ataques más relevantes.
Como contexto, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y su disolución en 2018. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene abiertas varias causas para evitar la prescripción de crímenes no resueltos y depurar responsabilidades entre los antiguos dirigentes. El atentado de la T-4 marcó un punto de inflexión en el proceso de paz de 2006 y sigue siendo uno de los episodios más graves de la última etapa de la violencia etarra en España.
