El cierre de la regularización extraordinaria de inmigrantes deja 1,17 millones de solicitudes. La cifra supera ampliamente lo previsto por el Gobierno. El proceso marca un hito y plantea nuevos retos administrativos.
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España ha finalizado con 1.170.000 solicitudes, según datos del Ministerio de Migraciones. Esta cifra, que dobla las previsiones iniciales del Ejecutivo —situadas en torno al medio millón—, refleja la magnitud de la demanda y la presión sobre el sistema de Extranjería. El plazo para presentar solicitudes concluyó este martes, dejando atrás la última cifra oficial de 900.000 peticiones a mediados de junio.
De las solicitudes presentadas, 360.000 ya han sido admitidas a trámite, lo que otorga a sus titulares un permiso provisional de trabajo y residencia. El Gobierno dispone ahora de tres meses para resolver cada expediente, aunque ya se han concedido aprobaciones definitivas en numerosos casos. Sin embargo, el número exacto de expedientes resueltos y posibles rechazos aún no ha sido detallado por las autoridades.
El Ministerio de Migraciones prevé ofrecer más información sobre el proceso este jueves. La regularización, que arrancó el 15 de abril, ha superado ampliamente las expectativas del Ejecutivo, que buscaba aflorar el empleo irregular y reconocer derechos a quienes ya residían y trabajaban en España sin papeles. El Gobierno considera el resultado un éxito, respaldado por el consenso social y el apoyo tanto de sindicatos como de la patronal.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado la necesidad de mano de obra en sectores con alta demanda y ha señalado la importancia de la formación para los nuevos trabajadores regularizados. La mayoría de los solicitantes ya vivía en España desde hace años y desempeñaba trabajos en la economía sumergida, lo que anticipa un aumento significativo en las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social, actualmente en torno al 14%.
Pedro Sánchez ha advertido de las consecuencias económicas que tendría una política de expulsión masiva de inmigrantes: según sus estimaciones, en 2050 España podría perder hasta un 19% de su PIB, cerrar decenas de miles de bares y aulas escolares, y ver desaparecer más de 200.000 explotaciones agrícolas. Frente a este escenario, la regularización cuenta con el respaldo de cientos de organizaciones civiles y el apoyo explícito de la Iglesia católica, a través de Cáritas y el reciente gesto del papa León XIV.
La oposición a la medida proviene principalmente de partidos de derecha y ultraderecha, que han criticado la magnitud del proceso. No obstante, la regularización ha sido defendida por amplios sectores sociales y empresariales como una respuesta necesaria a los desafíos demográficos y laborales del país. En este contexto, el volumen de solicitudes registrado en España se sitúa en línea con el récord señalado en otro reciente balance sobre el cierre del plazo y la presión sobre el sistema de Extranjería.
Como contexto, España ha experimentado en los últimos años un aumento sostenido de la inmigración, impulsado por la demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados. El envejecimiento de la población y la escasez de trabajadores cualificados han llevado a un consenso sobre la necesidad de integrar a quienes ya residen en el país. La regularización extraordinaria busca responder a esta realidad, aunque plantea retos administrativos y sociales de gran envergadura. El seguimiento de la evolución de los expedientes y el impacto en el mercado laboral serán claves en los próximos meses para evaluar el alcance real de la medida.
