Un informe de la UCO apunta a Santos Cerdán por facilitar recursos del PSOE a una organización criminal. Se investigan pagos simulados a abogados y la implicación de personal administrativo del partido.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha situado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de una investigación sobre el uso de recursos del partido para actividades presuntamente ilícitas. Según un informe al que ha accedido laSexta, la estructura del PSOE habría sido utilizada para cubrir gastos logísticos y administrativos de una organización criminal, incluyendo la simulación de relaciones profesionales para justificar pagos a abogados.
El documento de la UCO detalla que Ana María Fuentes, gerente del partido bajo la dirección de Cerdán, habría falsificado dos notas de encargo profesional. Estas notas, vinculadas a los despachos ESTUDIO JURÍDICO I. OLIVER & PARTNERS SL e Ismael Oliver Romero, así como a Jacobo Teijelo, habrían servido para simular servicios legales y permitir el pago de honorarios desde fondos del partido. La intermediación de Leire Díez también es mencionada en el proceso de elaboración de estos documentos.
Además, el informe señala la colaboración de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, ambas empleadas del PSOE, en la gestión de viajes, alquiler de vehículos y coordinación de reuniones para miembros de la organización investigada. Los costes de estas actividades habrían sido asumidos por el propio partido, según la UCO, que considera esencial el papel de estas trabajadoras en la operativa financiera y logística.
La investigación se apoya en el análisis de los teléfonos móviles de cinco personas, entre ellas Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. El objetivo es determinar el alcance de los gastos sufragados, las personas implicadas y el grado de conocimiento que tenían sobre las actividades desarrolladas. La UCO subraya que parte de las gestiones bajo sospecha se habrían realizado a través de dispositivos móviles, lo que añade una dimensión tecnológica a la pesquisa.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones recientes sobre el uso de recursos públicos y privados en instituciones españolas. En un contexto similar, la gestión interna y las prácticas administrativas han sido objeto de escrutinio en otros organismos, como ocurrió con la apertura de expedientes disciplinarios en RNE tras denuncias internas, según se informó en un caso reciente sobre RTVE y RNE.
La UCO continúa recopilando pruebas para cuantificar los costes reales asumidos por el PSOE y esclarecer la implicación de cada persona en la trama. El informe no solo apunta a la posible comisión de delitos de falsedad documental y malversación, sino que también pone el foco en la utilización de la infraestructura de un partido político para fines ajenos a su actividad legítima. Este tipo de investigaciones suelen tener repercusiones tanto judiciales como políticas, y pueden derivar en cambios en los protocolos internos de los partidos y en la supervisión de sus recursos.
En España, la UCO es una unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sus informes suelen ser determinantes en la fase de instrucción de causas complejas. El caso actual se suma a una larga lista de investigaciones sobre la gestión de fondos en partidos políticos, un tema que ha generado debate público y reformas legales en los últimos años. La transparencia en la financiación y el control de los recursos internos siguen siendo retos clave para las principales formaciones políticas del país.
