Altos cargos de la Guardia Civil y la Policía Nacional destacan la coordinación diaria con Salut durante la campaña de vacunación covid. El juicio analiza el retraso en la inmunización de agentes estatales frente a los autonómicos.
La primera jornada del juicio contra la cúpula de Salut por la gestión de la vacunación covid a policías estatales en Cataluña ha dejado claro un punto: los máximos responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional han defendido la existencia de una interlocución diaria y directa con las autoridades sanitarias catalanas durante la crisis. Tanto Esteban Gómez, teniente coronel de la Guardia Civil, como Daniel Rapado, inspector jefe de la Policía Nacional en la comunidad, han subrayado ante el tribunal que la comunicación con Salut fue “fluida” y basada en acuerdos, no en imposiciones.
Ambos testigos han evitado cualquier crítica a la Generalitat, pese a que el proceso judicial investiga un supuesto delito de prevaricación por el retraso en la vacunación de los agentes estatales respecto a los Mossos d’Esquadra y policías locales. Según su testimonio, la suspensión de la vacunación se debió primero a los problemas detectados con la vacuna de Astra Zeneca y, posteriormente, a la falta de dosis suficientes para cubrir a todos los efectivos, lo que llevó a priorizar a los agentes de entre 60 y 65 años.
Rapado ha detallado que la Policía Nacional optó por vacunar a sus miembros en centros propios, en lugar de los puntos comunes habilitados en Cataluña, para mantener un control más estricto sobre el proceso y garantizar que los agentes de cara al público estuvieran correctamente inmunizados. Esta decisión, compartida con la Guardia Civil, implicó remitir censos actualizados de efectivos al Departamento de Salut para organizar cada fase de la campaña.
Por su parte, Gómez ha explicado que desconocía si existía una diferencia real en el ritmo de vacunación entre los cuerpos estatales y los autonómicos, pero ha defendido que la logística propia era “lo más operativo” para sus necesidades. Ambos han coincidido en que la relación con Salut, especialmente con Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de Servicios del Departamento y uno de los acusados, fue constante y sin trabas relevantes.
El 24 de marzo de 2021, la vacunación se paralizó tras una llamada que alertaba de los problemas con Astra Zeneca, en línea con lo que ocurría en otros países europeos. Ninguno de los mandos percibió intención de ralentizar el proceso por parte de la Generalitat. La defensa de los acusados ha insistido en que no hubo obstáculos deliberados, salvo incidencias puntuales.
Durante la sesión, se preguntó a los responsables policiales si conocían a Josep Maria Argimon y Adrià Comella, directores generales del Institut Català de la Salut y del Servei Català de la Salut, respectivamente, pero no se mencionó a la exconsellera Alba Vergés ni a su secretario general, Marc Ramentol. Los cuatro acusados, que se enfrentan a una posible inhabilitación de 12 años según la Fiscalía, estuvieron presentes en la sala, aunque el tribunal les había dispensado de asistir a todas las sesiones.
El caso ha generado interés en el ámbito judicial y policial, con asociaciones y sindicatos ejerciendo la acusación popular. La gestión de la vacunación en cuerpos de seguridad ha sido objeto de debate en otras investigaciones recientes, como la que abordó la reducción de condena a un comisionista tras colaborar en el caso Koldo, tema que también puso en el foco la actuación de las autoridades y la eficacia de los acuerdos judiciales (sentencia sobre la suspensión de pena a Aldama).
En el contexto de la pandemia, la vacunación de los cuerpos policiales fue especialmente sensible en Cataluña, donde la competencia sanitaria recae en la Generalitat. La diferencia en los tiempos de inmunización entre agentes estatales y autonómicos provocó tensiones políticas y sindicales. El juicio, que se prolongará durante siete sesiones, busca esclarecer si hubo discriminación deliberada o si las decisiones respondieron únicamente a criterios sanitarios y logísticos. La resolución del caso podría sentar precedente sobre la responsabilidad de las autoridades autonómicas en la gestión de emergencias sanitarias y la coordinación con los cuerpos estatales.
