El Consejo General del Poder Judicial advierte de paralizaciones en 62 juzgados tras la negativa del Ministerio de Justicia a financiar refuerzos. El conflicto amenaza actuaciones clave y evidencia el límite presupuestario.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lanzado una advertencia directa al Ministerio de Justicia: si no se revisa la decisión de denegar financiación para refuerzos en 62 órganos judiciales, se producirán suspensiones de actuaciones consideradas esenciales para la tutela judicial efectiva. La Comisión Permanente del CGPJ, reunida de forma extraordinaria, expresó su preocupación por el impacto inmediato que tendrá la falta de recursos en juzgados de toda España, especialmente en el ámbito civil.
La tensión se agravó cuando el Ministerio, dirigido por Félix Bolaños, comunicó su negativa a última hora, justo antes de que las medidas debieran ser aprobadas o prorrogadas el 30 de junio. Según el CGPJ, este retraso impidió buscar alternativas o reconsiderar las propuestas dentro de sus competencias, lo que deja a decenas de juzgados sin el apoyo necesario para evitar retrasos y garantizar derechos fundamentales.
Desde Justicia, fuentes ministeriales defienden que en lo que va de año se han autorizado 232 medidas de refuerzo, superando los 7,9 millones de euros, cifra por encima del límite fijado en el último protocolo firmado en 2019 (7,2 millones). Solo 64 solicitudes han sido rechazadas, argumentando que el CGPJ ha sobrepasado el presupuesto pactado en casi cuatro millones de euros, con peticiones que suman cerca de 12 millones. El ministerio recalca que la mayoría de refuerzos denegados están vinculados a litigios masivos, como cláusulas suelo o reclamaciones de transporte aéreo, para los que ya se han aprobado partidas específicas en 2026.
La resolución de Justicia permite prorrogar algunos refuerzos ya existentes, pero rechaza la mayoría de nuevas solicitudes, incluyendo la petición de la Audiencia Nacional para el Juzgado Central de Instrucción Número 1. El ministerio justifica que solo puede oponerse por razones presupuestarias, según la ley y el protocolo anual firmado con el CGPJ. Además, recuerda que está pendiente la firma de un nuevo convenio por 8 millones de euros desde marzo.
El comunicado del CGPJ, respaldado por unanimidad de los siete vocales de la Comisión Permanente, ha generado malestar en el sector progresista, que veía la advertencia como un último recurso antes de abrir un diálogo con Justicia. El conflicto se suma a otros episodios de tensión entre ambas instituciones, como las críticas del Ejecutivo a decisiones judiciales y la implantación de los tribunales de instancia. En este contexto, cabe recordar que el debate sobre la influencia y los límites de la actuación judicial ha sido recurrente, como se analizó en el caso de las reuniones de fiscales investigadas por el juez Pedraz, detallado en un reportaje reciente sobre la supervisión de la Fiscalía.
Mientras tanto, el ministro Bolaños ha hecho balance del primer año de funcionamiento de los tribunales de instancia, calificando los resultados de “razonablemente positivos” pese a los ajustes propios de un cambio estructural. Según datos de Justicia, en el último año se han celebrado un 7,3% más de juicios y un 5,4% más de vistas, mientras que la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en general y más de un 21% en el ámbito civil, atribuido a la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a juicio. Por primera vez en una década, los asuntos pendientes en civil han comenzado a descender, salvo durante la pandemia.
El ministerio subraya que la nueva Ley de Eficiencia introduce mecanismos como el pleito testigo y la extensión de efectos para agilizar procedimientos sin coste adicional para la Hacienda Pública. Además, destaca la creación de 500 nuevas plazas judiciales, lo que debería reducir la necesidad estructural de refuerzos en el futuro. Justicia insiste en que los datos de su departamento coinciden con los del CGPJ y recuerda que la implantación de los tribunales de instancia fue una demanda unánime de todas las asociaciones judiciales.
En el contexto actual, la disputa por la financiación de refuerzos pone de manifiesto los desafíos de gestión y coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El control presupuestario, la presión de los litigios masivos y la necesidad de adaptar el sistema judicial a nuevas realidades siguen marcando la agenda. El caso ilustra cómo las limitaciones económicas pueden tener consecuencias directas en la protección de los derechos ciudadanos y en la agilidad de la justicia en España.
Como contexto adicional, el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces en España y su función principal es garantizar la independencia judicial. El Ministerio de Justicia, por su parte, gestiona los recursos y la política judicial. Los tribunales de instancia, implantados en 2025, buscan racionalizar la carga de trabajo y mejorar la eficiencia. La Ley de Eficiencia Procesal, aprobada recientemente, introduce herramientas para resolver litigios de forma más ágil y reducir la saturación de los juzgados. El debate sobre la suficiencia de recursos y la coordinación institucional sigue siendo clave para el funcionamiento del sistema judicial español.
