Juan Manuel Moreno reorganiza el Ejecutivo andaluz con tres vicepresidencias. Vox asume una de ellas y refuerza su peso en el Gobierno. El reparto de poder genera debate interno y presión en la oposición.
El Gobierno andaluz afronta una reestructuración inédita tras la decisión de Juan Manuel Moreno de crear dos nuevas vicepresidencias, además de la que ocupará Vox, para equilibrar la presencia del partido ultraderechista en el Ejecutivo. La medida, que se hará oficial este jueves, responde a la entrada de Vox en el Consejo de Gobierno y marca un giro en la estrategia de Moreno, que hasta ahora había evitado multiplicar los cargos de vicepresidente para no señalar posibles sucesores ni alterar el equilibrio interno del Partido Popular.
Manuel Gavira, hasta ahora portavoz parlamentario de Vox, asumirá la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia. Sin embargo, desde el entorno de San Telmo se insiste en que Gavira no podrá ejercer como presidente en funciones en caso de ausencia de Moreno, una limitación que ha obligado al presidente andaluz a repartir el peso institucional entre varias figuras y a abrir un debate interno sobre la sucesión y el reparto de poder.
Entre los nombres que suenan para las otras dos vicepresidencias destacan Antonio Sanz, actual consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y Carolina España, responsable de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno. Moreno, conocido por su hermetismo en los nombramientos, mantiene la incógnita hasta el último momento, aunque ambos perfiles cuentan con experiencia y confianza dentro del PP andaluz.
La entrada de Vox en el Ejecutivo ha reactivado las negociaciones sobre el reparto de cargos en organismos clave de la Junta, como el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas o la Defensoría del Pueblo. Vox, que en su día defendió la supresión de estos órganos, ahora reclama presencia proporcional a sus 15 escaños. Además, se negocian puestos directivos en Canal Sur y en la política de comunicación institucional, aunque tanto Vox como el PP insisten en mantener la discreción sobre los detalles de estos acuerdos.
La oposición, por su parte, exige que la nueva legislatura arranque cuanto antes y critica el pacto de 150 puntos entre PP y Vox, que no fue debatido en la investidura. Adelante Andalucía ha puesto el foco en la creación de un “servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y la residencia efectiva”, alertando sobre el riesgo de que se convierta en una estructura de control migratorio sin supervisión judicial, similar al ICE estadounidense. El debate sobre la elección del nuevo Defensor del Pueblo sigue abierto, tras el veto de Vox a la candidata propuesta por el PP, vinculada a Cruz Roja, organización que la ultraderecha asocia con la inmigración irregular.
El Parlamento andaluz celebrará su primera sesión el 23 de julio, con la elección de un nuevo vicepresidente primero de la Mesa, que corresponderá a Vox, y la constitución de las comisiones y la designación de senadores autonómicos. El acuerdo de coalición, que incluye la creación de una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico, supone un cambio relevante en la estructura del Gobierno andaluz y plantea incógnitas sobre la convivencia entre PP y Vox en la gestión diaria.
La reorganización del Ejecutivo andaluz se produce en un contexto de creciente presión sobre los equilibrios internos y la gestión de los pactos con la ultraderecha, una cuestión que también ha generado debate en otras instituciones españolas. En este sentido, la gestión de los acuerdos políticos y el uso de recursos públicos han sido objeto de atención mediática, como ocurrió en el caso de la operación Kitchen, donde la Abogacía del Estado señaló el uso de fondos públicos para fines partidistas, según se detalla en un reportaje reciente sobre la trama Kitchen y el papel de altos cargos en el uso de recursos institucionales.
En Andalucía, la apuesta de Moreno por limitar los mandatos y evitar debates sucesorios se pone a prueba con esta nueva configuración. El reparto de competencias y la integración de Vox en áreas clave como Turismo y Justicia reflejan la complejidad de los equilibrios políticos en la comunidad. La creación de nuevas consejerías, como la de Inteligencia Artificial, apunta a una modernización de la administración, aunque el foco sigue puesto en cómo se gestionarán las tensiones internas y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
En el contexto nacional, la presencia de Vox en gobiernos autonómicos ha sido motivo de controversia y seguimiento por parte de partidos y medios. La experiencia andaluza servirá como referencia para futuros pactos y para evaluar el impacto de la ultraderecha en la gobernabilidad y la agenda institucional en España.
