La Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación. El caso gira en torno a contrataciones irregulares en la Diputación. La sentencia afecta también a Miguel Ángel Gallardo.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia que marca un nuevo capítulo en la política extremeña: David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La resolución afecta igualmente a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE en Extremadura, quien recibe la misma pena por su implicación en el proceso de contratación pública investigado.
El tribunal considera que existieron irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017, que recayó en el hermano de Pedro Sánchez. Además, la sentencia menciona el cambio de denominación de esa plaza en 2022 y la posterior adjudicación de otro cargo en 2023 a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. Estos hechos han sido el eje central del proceso judicial, que ha contado con la participación de siete acusaciones populares, las cuales solicitaban penas de prisión de entre uno y seis años para los implicados.
Durante el juicio, que se desarrolló en la Audiencia Provincial de Badajoz entre finales de mayo y principios de junio, se enfrentaron dos versiones opuestas: por un lado, las acusaciones, que basaron su argumentación en un informe de la UCO; por otro, las defensas, que reclamaban la absolución de todos los encausados al considerar que no existían pruebas suficientes de tráfico de influencias ni de prevaricación administrativa. En total, 53 personas declararon ante el tribunal, entre testigos, agentes de la Guardia Civil y los propios acusados, y la mayoría de los testimonios contradijeron las conclusiones del informe policial presentado por la acusación.
La Fiscalía también había solicitado la absolución de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, así como del resto de procesados, al no apreciar indicios claros de delito en los hechos investigados. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha optado finalmente por imponer la inhabilitación, lo que supone que ambos condenados no podrán ejercer cargos públicos durante el periodo fijado en la sentencia.
Este caso se suma a otros recientes en los que la gestión de cargos y contrataciones en instituciones públicas ha sido objeto de escrutinio judicial en España. La noticia llega en un momento en el que el debate sobre la transparencia y la legalidad en la administración pública sigue siendo especialmente relevante. En paralelo, el Gobierno central ha tenido que responder en los últimos meses a diversas críticas sobre la gestión de procesos administrativos, como ocurrió con la polémica sobre el censo y la ley de nietos, tema que fue abordado en una reciente estimación del número de nuevos votantes nacionalizados.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz no es firme y puede ser recurrida ante instancias superiores. En España, la inhabilitación especial por prevaricación administrativa implica la imposibilidad de ocupar cargos públicos o ejercer funciones de autoridad durante el tiempo establecido por el tribunal. La figura de la prevaricación administrativa se aplica cuando un funcionario dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. El caso de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo pone de relieve la importancia de los controles internos en la administración y la vigilancia sobre los procesos de selección y nombramiento en organismos públicos. La atención mediática y política sobre este tipo de procedimientos ha ido en aumento en los últimos años, especialmente cuando afectan a figuras cercanas a altos cargos del Gobierno.
