Las entidades pro derechos humanos en Cataluña enfrentan nuevas trabas administrativas. La falta de reconocimiento institucional y el envejecimiento de los testigos agravan la situación. El relato antifranquista pierde fuerza ante la burocracia.
Las entidades catalanas dedicadas a la preservación de la memoria antifranquista denuncian un endurecimiento de los requisitos administrativos para acceder a ayudas públicas, lo que complica su labor y pone en riesgo la continuidad de sus actividades. Según los testimonios recogidos, la vigilancia burocrática y la equiparación de estas asociaciones con empresas del sector privado han llevado a que muchas opten por no solicitar o renuncien a subvenciones clave, como las del Institut d’Indústries Culturals de Barcelona (Icub).
La situación se agrava por la falta de reconocimiento institucional de espacios emblemáticos de la represión franquista. La Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público (TOP), ha evitado la colocación de una placa conmemorativa en la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, donde funcionó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. En Barcelona, el Gobierno central ha bloqueado la transformación del edificio de Vía Laietana 43, antiguo centro de detención y tortura, en un espacio de memoria, pese a las demandas de víctimas y asociaciones como la de ex presos políticos catalanes.
El distanciamiento institucional se refleja también en la actitud de los sindicatos policiales mayoritarios, que han evitado reunirse con la Associació Catalana de Persones Ex Preses Polítiques del Franquisme para debatir el futuro de la antigua Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Solo una minoría dentro del cuerpo ha mostrado disposición al diálogo, según la asociación de represaliados.
El presidente de la asociación catalana de ex presos políticos, Carles Vallejo, advierte que la voz de la memoria se debilita a medida que envejecen quienes pueden dar testimonio directo en escuelas e institutos. La reciente publicación del número 20 de Documents del Memorial Democràtic, titulado Generacions TOP. Resistir, protestar, conquistar, recoge las experiencias traumáticas de una docena de personas que pasaron por la Jefatura, en un intento de mantener vivo el relato antifranquista.
El contexto histórico muestra que la amnesia y el temor a provocar al antiguo aparato del Estado han marcado la transición democrática en España. Durante décadas, la reconciliación se impuso sobre la memoria, y solo en periodos recientes se han dado pasos tímidos hacia el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Sin embargo, la persistencia de obstáculos administrativos y la falta de voluntad política dificultan la consolidación de una memoria democrática plena. Según datos oficiales, en España existen más de 2.500 fosas comunes sin exhumar y miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establece medidas para la reparación y reconocimiento, pero su aplicación sigue siendo desigual en las distintas comunidades autónomas.
