La Generalitat organiza exámenes para 1.325 plazas de funcionario. Más de 15.000 personas compiten en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. El proceso busca estabilizar el acceso a la función pública tras anteriores polémicas.
La Generalitat de Cataluña afronta este fin de semana uno de los mayores procesos de selección de personal público de los últimos años. Un total de 15.795 aspirantes están citados para competir por 1.325 plazas de funcionario en una convocatoria que abarca 31 procesos distintos y que se desarrollará de forma descentralizada en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. El grueso de la oferta corresponde a los cuerpos administrativos, con especial peso en gestión, administración, auxiliares y subalternos, además de varias escalas técnicas.
Barcelona será el epicentro del proceso, al concentrar cerca del 70% de los candidatos: 10.924 personas realizarán allí las pruebas. Girona acogerá a 1.567 opositores, Lleida a 1.534 y Tarragona a 1.770. Para garantizar la organización, la Generalitat ha movilizado a más de 1.200 empleados públicos, siguiendo el modelo descentralizado de las últimas convocatorias y buscando evitar los problemas logísticos que marcaron procesos anteriores.
Entre las plazas ofertadas destacan las 376 del cuerpo superior de administración, a las que optan 3.682 personas; las 366 del cuerpo administrativo, con 4.260 aspirantes; 228 plazas de subalterno, disputadas por 1.798 candidatos; y 114 de auxiliar administrativo, con 2.459 inscritos. También se incluyen puestos para perfiles técnicos y facultativos en áreas como salud pública, veterinaria, psicología, pedagogía, trabajo social e ingenierías. El perfil de los opositores es mayoritariamente femenino: el 71,36% son mujeres, frente al 28,33% de hombres.
La convocatoria se enmarca en la estrategia del Govern de Salvador Illa para recuperar un calendario estable de oposiciones ordinarias, tras la llegada del PSC al Ejecutivo catalán en 2024. Desde entonces, se han celebrado ya dos grandes procesos: uno en octubre de 2024, con 1.260 plazas, y otro entre marzo y abril de 2025, con 1.808 plazas. Ahora, la Generalitat busca consolidar un ciclo previsible y transparente de acceso a la función pública, con el objetivo de atraer nuevo talento y reforzar la profesionalización del sector.
Quienes superen las pruebas deberán realizar un curso obligatorio —aunque no eliminatorio— durante el primer trimestre de 2027, centrado en competencias digitales, organización institucional y valores del servicio público. Esta formación, prevista por el Departamento de Presidencia, pretende asegurar que los nuevos funcionarios cuenten con las habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.
La actual convocatoria llega todavía bajo la sombra del caos vivido en las oposiciones extraordinarias de estabilización de abril de 2023. Aquellas pruebas, externalizadas a una empresa privada, estuvieron marcadas por retrasos, errores en el reparto de exámenes y problemas logísticos que desencadenaron protestas de opositores y sindicatos. La Generalitat se vio obligada a anular y repetir parte de los exámenes, abrir expedientes a la empresa adjudicataria y destituir a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, pocos meses después de su nombramiento.
El contexto de conflictividad en los procesos selectivos no es exclusivo de Cataluña. En otras regiones, la gestión de símbolos y normativas municipales también ha generado tensiones políticas, como ocurrió recientemente en Toledo, donde la exhibición de la bandera arcoíris provocó un giro inesperado en el Ayuntamiento y tensiones entre Vox y el PP, según se relata en este análisis sobre la decisión municipal.
En España, el acceso a la función pública se realiza principalmente a través de oposiciones, un sistema que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en la selección. Cataluña, con más de 7,7 millones de habitantes, mantiene uno de los cuerpos administrativos más amplios del país. La estabilización y modernización de estos procesos es clave para responder a las necesidades de una administración cada vez más digitalizada y orientada al servicio ciudadano.
