Renfe vive este miércoles su segunda jornada de huelga convocada por Sindicato Ferroviario. El paro protesta por la privatización y el cierre de talleres. El Ministerio fija servicios mínimos del 73% en alta velocidad.
La segunda jornada de huelga en Renfe, impulsada este miércoles por Sindicato Ferroviario, vuelve a poner en el centro el futuro del ferrocarril público en España. El sindicato denuncia la venta de Renfe Mercancías y el cierre de bases de mantenimiento, señalando que estas medidas suponen un desmantelamiento del servicio ferroviario estatal. Además, acusan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de favorecer a operadores privados y ejercer presión sobre el sector público.
El paro, que no cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, se desarrolla bajo unos servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En los trenes de alta velocidad y larga distancia, el 73% de los servicios están garantizados: 249 de los 343 trenes previstos circularán, mientras que los 94 restantes dependen del seguimiento de la huelga. En Cercanías, los servicios mínimos varían según la franja horaria: en horas punta se mantiene el 75% de la oferta habitual y, en el resto del día, el 50%. Para Media Distancia, el 66% de los trenes están asegurados, lo que supone 426 de los 650 programados.
Sindicato Ferroviario ha convocado también una concentración a las 11.30 horas frente a las oficinas de Renfe en la zona de Atocha, Madrid, para protestar contra lo que califican de "actitud antidemocrática" de la dirección de la empresa. Entre sus críticas, destacan el despido de un trabajador durante las huelgas de marzo de 2025, la privatización de Renfe Mercancías y el cierre de talleres, así como el supuesto boicot a las huelgas mediante la alteración de los servicios mínimos.
Renfe, por su parte, recuerda que la anterior jornada de huelga, celebrada el 29 de junio, tuvo un seguimiento muy bajo, apenas del 1,83%, debido a la falta de apoyo de los sindicatos mayoritarios. La compañía insiste en que los servicios mínimos buscan garantizar la movilidad de los usuarios y minimizar el impacto de la protesta.
El conflicto en Renfe se produce en un contexto de cambios en el sector ferroviario español, marcado por la liberalización del transporte de pasajeros y la entrada de nuevos operadores privados en los últimos años. La venta de Renfe Mercancías responde a exigencias de la Unión Europea para fomentar la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril. El mantenimiento de servicios mínimos elevados en jornadas de huelga es habitual en el sector, dada la consideración del transporte ferroviario como servicio esencial para la ciudadanía. Según datos del Ministerio de Transportes, Renfe transporta cada año a más de 500 millones de viajeros en Cercanías, Media y Larga Distancia, lo que subraya la importancia de cualquier alteración en su operativa.
