La Audiencia de Barcelona acumula más de 40.000 casos civiles pendientes. La falta de jueces y el aumento de litigios provocan demoras históricas. El presidente del tribunal advierte que la situación empeorará en 2026.
La Audiencia de Barcelona atraviesa su mayor atasco en la jurisdicción civil, con cifras que no tienen precedentes y consecuencias directas para miles de ciudadanos. En 2025, el número de asuntos civiles pendientes superó los 40.000, mientras que los jueces solo lograron resolver poco más de 18.000 casos, muy por encima de la carga de trabajo recomendada, pero insuficiente para frenar el colapso. El presidente del tribunal, Antonio Recio, ha alertado de que la espera para obtener una sentencia civil ya alcanza los tres años y podría llegar a cuatro en 2026.
El incremento de litigios relacionados con contratos de préstamos, tarjetas de crédito y cláusulas abusivas, especialmente en el ámbito del consumo y con entidades financieras, ha disparado la entrada de nuevos casos. En 2025, se registraron 27.869 asuntos civiles, un aumento de más de 5.000 respecto al año anterior, lo que marca un récord histórico para la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, la plantilla de magistrados sigue siendo insuficiente: la reciente convocatoria del Gobierno solo prevé ocho nuevas plazas, cuando según Recio serían necesarios al menos 16 jueces adicionales para afrontar la carga real.
La saturación no solo afecta a la resolución de conflictos cotidianos, como desahucios o reclamaciones por impago de facturas, sino que también prolonga el recorrido judicial de los litigios más complejos. Un proceso civil que llegue hasta el Tribunal Supremo puede extenderse hasta 12 años, sumando los retrasos en primera instancia, la Audiencia y el alto tribunal. El volumen de trabajo en Barcelona triplica los módulos oficiales establecidos por el Boletín Oficial del Estado, lo que agrava la presión sobre los magistrados y retrasa la justicia para los ciudadanos.
Ante este escenario, la Audiencia reconoce que la única vía para reducir la acumulación de casos es limitar la entrada de nuevos asuntos. El Gobierno ha puesto en marcha los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), pero su impacto real no podrá evaluarse antes de dos años. Mientras tanto, se insiste en la necesidad de activar mecanismos extrajudiciales para resolver disputas, especialmente en el sector financiero, donde la litigiosidad sigue creciendo.
La situación en Cataluña se complica aún más por el déficit estructural de jueces y la alta rotación de magistrados recién salidos de la Escuela Judicial, que suelen abandonar sus plazas en cuanto surge una oportunidad más atractiva, generando nuevos retrasos en los juzgados afectados. Este problema de recursos humanos se suma a la sobrecarga de trabajo y dificulta cualquier avance en la reducción de la lista de espera.
El colapso de la justicia civil en Barcelona se produce en un contexto de creciente tensión en el sistema judicial español. Recientemente, la organización Iustitia Europa ha reclamado al CGPJ que suspenda medidas disciplinarias contra jueces en Madrid, advirtiendo sobre los riesgos para la independencia judicial, como se detalla en este análisis sobre la presión institucional en la justicia española.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, España cuenta con una de las ratios de jueces por habitante más bajas de la Unión Europea. En los últimos años, la sobrecarga en los tribunales civiles ha sido motivo de preocupación reiterada por parte de asociaciones judiciales y operadores jurídicos. La implantación de sistemas alternativos de resolución de conflictos es una de las apuestas del Ministerio de Justicia para aliviar la presión, aunque su eficacia a corto plazo sigue siendo incierta.
