El CIS revela que solo uno de cada cinco ciudadanos aprueba el funcionamiento democrático. La corrupción y la falta de imparcialidad judicial, entre las principales preocupaciones. Las Fuerzas Armadas, la institución mejor valorada.
El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma un dato preocupante: apenas el 20,5% de los ciudadanos en España declara estar “muy” o “bastante” satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Más de la mitad, el 56,9%, expresa insatisfacción, situando el debate sobre la calidad democrática en el centro de la agenda pública. La encuesta, publicada este lunes, refleja que la percepción apenas ha variado respecto a la anterior oleada de abril de 2025, aunque el porcentaje de opiniones positivas ha subido ligeramente en 2026.
La preferencia por la democracia sigue siendo mayoritaria, con un 80,8% que la considera la mejor forma de gobierno. Sin embargo, el 8,8% opina que, en determinadas circunstancias, un sistema autoritario podría ser preferible, y un 8,3% se muestra indiferente. El análisis por edades revela que los mayores de 35 años son los más firmes defensores del sistema democrático, mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, la proporción de quienes aceptarían un gobierno autoritario alcanza el 14,8% y el 19,3%, respectivamente.
El CIS también identifica diferencias según la orientación política. Entre quienes votaron a Vox en las últimas elecciones generales, el 29,4% considera que un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático. Entre los votantes del PP y de Junts, los porcentajes son del 10,8% y 10,2%, respectivamente. Estas cifras subrayan la fragmentación de la confianza en el sistema político.
La corrupción emerge como el principal problema a resolver para mejorar la democracia. El 12,5% de los encuestados reclama “medidas efectivas contra la corrupción”, y el 87,5% considera insuficientes los mecanismos actuales para combatirla. La segunda demanda más citada es la “renovación y despolitización de la justicia y la separación efectiva de poderes”, mencionada por el 10,4%. La percepción de parcialidad en la justicia es elevada: el 76,9% cree que no es imparcial en casos que afectan a partidos políticos, y el 88,8% opina que no trata igual a políticos y ciudadanos. Además, el 78,4% percibe un trato desigual según la situación económica de los implicados.
En cuanto a la confianza institucional, las Fuerzas Armadas se consolidan como la entidad mejor valorada, con una puntuación de 6,96 sobre 10, siendo la única que supera el aprobado. Le siguen los gobiernos autonómicos y los tribunales de justicia, aunque ambos quedan por debajo del umbral de confianza. Los partidos políticos son la institución peor valorada: solo el 0,7% declara confiar plenamente en ellos, frente al 28,3% que no confía en absoluto. A pesar de esta desconfianza, tres de cada cuatro ciudadanos reconocen que la democracia no existiría sin partidos políticos, y nueve de cada diez consideran necesario ampliar las formas de participación ciudadana en la toma de decisiones.
El papel de los medios de comunicación también es objeto de crítica. El 81,5% de los encuestados cree que los medios difunden bulos y mentiras, el 52% considera que no ofrecen acceso a diferentes opiniones y el 87,9% percibe que favorecen a determinadas opciones políticas o intereses económicos. Esta percepción de falta de pluralidad y transparencia se suma al clima de desconfianza generalizado.
El debate sobre la calidad democrática y la confianza en las instituciones no es nuevo. En otras ocasiones, la gestión de situaciones delicadas por parte del Gobierno, como la reciente defensa de altos cargos ante investigaciones judiciales, ha generado controversia y ha sido objeto de análisis, como ocurrió en el caso de la directora de la Guardia Civil, respaldada por el Ejecutivo pese a su citación judicial (más detalles sobre la postura del Gobierno en situaciones judiciales).
Según datos del CIS, la preocupación por la corrupción y la imparcialidad judicial se mantiene como uno de los principales retos para la democracia española. El contexto internacional muestra que la confianza en las instituciones es un factor clave para la estabilidad política y social. En España, la percepción de desigualdad ante la ley y la falta de transparencia en la vida pública alimentan el escepticismo ciudadano. La demanda de reformas estructurales, especialmente en justicia y lucha contra la corrupción, se consolida como una prioridad para la opinión pública. El seguimiento de estos indicadores será determinante para evaluar la evolución de la confianza democrática en los próximos años.
