El pasado jueves, Memorial Drive en Cambridge se convirtió en escenario de un tiroteo cuando Tyler E. Brown IV, de 46 años, disparó contra vehículos y edificios. Dos personas resultaron heridas y decenas estuvieron en peligro. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad pública y la supervisión de reincidentes, según documentos judiciales recientes.
El ataque puso a prueba la reacción de las autoridades y dejó al descubierto debilidades en los sistemas de control. Un conductor de correos salió ileso por centímetros, mientras que una bala atravesó la puerta de cristal de un edificio justo después de que un testigo lograra refugiarse. Otro proyectil cruzó el hueco entre el parabrisas y la puerta de un coche, rozando al conductor. Los incidentes se acumularon en cuestión de minutos y muestran la gravedad de lo ocurrido.
Boston 25 News
Todo comenzó poco después de que el agente de libertad condicional de Brown llamara al 911 para alertar sobre su estado mental y la posibilidad de que estuviera armado. Brown, con antecedentes penales y recién salido de un hospital psiquiátrico, tomó un Uber hasta Cambridge y fue a un aparcamiento de Dunkin’ Donuts. Allí, según los documentos, advirtió a un desconocido que estaba dispuesto a "acabar con cualquiera".
En minutos, disparó contra varios vehículos. Uno de los heridos, identificado por familiares como Casimir Bangoura, recibió varios impactos pero se espera que se recupere. El segundo herido, conductor de una furgoneta del MBTA Ride y padre de ocho hijos, fue alcanzado en la cabeza por un fragmento de bala tras intentar huir. A pesar del golpe, pudo conducir hasta el hospital y fue dado de alta el mismo día.
Las balas siguieron trayectorias impredecibles. Un camión de correos recibió un disparo que atravesó la puerta trasera y una mampara metálica, rozando la chaqueta del conductor antes de salir por el parabrisas. En otro caso, Brown rompió la ventanilla de un coche con el arma, pero el conductor ya había escapado. Dos mujeres que viajaban en una furgoneta escolar lograron huir mientras el atacante disparaba, alcanzando solo el espejo lateral.
The Harvard Crimson
El tiroteo terminó cuando un veterano de la Marina que pasaba por la zona sacó su propia arma y disparó contra Brown, logrando reducirlo. Ni el veterano ni el agente estatal que también intervino resultaron heridos, aunque dos balas atravesaron la puerta del conductor del vehículo del militar.
La procedencia del arma utilizada sigue sin aclararse. Los registros muestran que el arma, un BCI-Defense Model FF-15, fue vendida varias veces entre particulares en Maine y finalmente desapareció del radar tras la muerte de uno de sus propietarios. Brown, como condenado por delitos graves, no podía poseerla legalmente.
Brown enfrenta 43 cargos, entre ellos seis por intento de asesinato y varios por lesiones graves y uso de arma de fuego. Permanece en prisión preventiva desde su primera comparecencia. En el momento del ataque, estaba en libertad condicional por un tiroteo anterior contra cuatro agentes de policía en Boston en 2020. Tras salir de prisión en 2025, fue admitido en un programa de reinserción universitaria, pero abandonó el curso en febrero.
El caso muestra la dificultad de controlar la circulación de armas en Estados Unidos y la falta de seguimiento efectivo a personas con antecedentes violentos y problemas de salud mental. La combinación de reincidencia, acceso a armas y fallos en la supervisión institucional crea un escenario de riesgo que, en esta ocasión, no terminó en tragedia mortal solo por una serie de casualidades. La próxima vista judicial está prevista para el 8 de octubre.
Según datos oficiales, Estados Unidos registra miles de incidentes con armas de fuego cada año, y la mayoría de los tiroteos masivos involucran armas adquiridas de forma legal o a través de lagunas en la trazabilidad. El caso de Brown ilustra cómo la falta de coordinación entre servicios sociales, judiciales y policiales puede desembocar en episodios de violencia impredecible. La ausencia de víctimas mortales en Memorial Drive no debe ocultar la magnitud del peligro ni la urgencia de revisar los protocolos de control y seguimiento de reincidentes armados.
