Manuel Heredia, mozo de almacén en Sant Andreu de la Barca, cobra 1.200 euros al mes y mantiene un empleo estable. Sin embargo, desde hace más de un año duerme en la calle porque no puede afrontar el coste de un alquiler en Cataluña.
Manuel Heredia comienza su jornada laboral antes del amanecer. A sus 59 años, cada día se levanta a las cinco de la mañana, se asea como puede y toma el tren para llegar puntual a su puesto de mozo de almacén en Sant Andreu de la Barca. Cumple ocho horas de trabajo con contrato fijo y, al terminar, se ducha en la empresa antes de regresar a Cornellà de Llobregat. Allí, sobre unos cartones cerca de una biblioteca, pasa la noche al raso. Su salario mensual de 1.200 euros no le alcanza para alquilar una vivienda, y lleva más de un año sin techo propio.
Rutina sin hogar
La situación de Manuel cambió drásticamente hace algo más de un año, cuando perdió su vivienda tras quedarse sin empleo. La pareja con la que compartía piso le pidió que se marchara y la prestación por desempleo apenas cubría lo básico. La oportunidad de volver al mercado laboral llegó gracias a Emilio, voluntario de Cruz Roja, quien le informó de una vacante en un almacén. Desde el 12 de enero, Manuel trabaja con contrato indefinido, pero la estabilidad laboral no ha resuelto su problema habitacional.
Por las noches, Manuel duerme en la calle, protegido solo por cartones y siempre alerta ante posibles robos o agresiones. Los voluntarios de Cruz Roja le visitan dos veces por semana para ofrecerle apoyo y comprobar su estado. Su hermana le ayuda guardando el dinero que logra ahorrar, mientras que la ropa de trabajo permanece segura en la taquilla de la empresa.
El dilema del salario insuficiente
Manuel resume su situación con una frase contundente: “Prefiero vivir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no tener comida”. Con 1.200 euros al mes, el coste del alquiler, la alimentación y los gastos básicos resultan inasumibles. La realidad que enfrenta Manuel no es un caso aislado. Según datos de entidades sociales, tener empleo ya no garantiza el acceso a una vivienda digna.
El último informe territorial de la Fundación FOESSA revela que la precariedad laboral afecta a 1,4 millones de personas en Cataluña, lo que representa el 38% de la población ocupada. Además, el 55,4% de quienes viven en exclusión social pertenecen a hogares donde el principal sustentador tiene trabajo. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad: unas 568.000 familias catalanas, cerca de dos millones de personas, sufren algún tipo de precariedad residencial. El estudio también señala que un 13,3% de la población cae en pobreza severa tras pagar los gastos relacionados con su casa.
El esfuerzo por salir adelante
Manuel intenta ahorrar cada euro de su nómina, incluidas las horas extra, con la esperanza de reunir lo necesario para pagar la fianza y los gastos iniciales de un alquiler. Mientras tanto, mantiene su rutina laboral y cuida su higiene para no perder la estabilidad que tanto le costó recuperar. Su objetivo es claro: conseguir las llaves de una vivienda antes de que termine el año.
La historia de Manuel pone de relieve una tendencia que afecta a miles de trabajadores en España: el empleo ya no es sinónimo de seguridad residencial. Casos similares se han dado en otros sectores, como el sanitario, donde profesionales españoles que emigran a países como Noruega logran ahorrar mucho más gracias a mejores condiciones salariales, tal como se detalla en este análisis sobre el ahorro de una enfermera española en el extranjero.
El caso de Manuel evidencia la brecha creciente entre el coste de la vida y los salarios en Cataluña. Mientras los precios del alquiler siguen al alza, cada vez más personas con empleo estable se ven obligadas a buscar alternativas precarias. La situación plantea un reto urgente para las políticas sociales y de vivienda, que deberán adaptarse a una realidad donde el trabajo ya no basta para garantizar un hogar.
