Un responsable de la Diputación de Valencia avisó del peligro de la dana horas antes de la alerta oficial. La jueza investiga si una notificación más temprana habría evitado muertes. El cierre del organismo se decidió en minutos.
La gestión de la tragedia provocada por la dana en Valencia vuelve a estar en el centro del debate judicial. Un alto cargo de la Diputación de Valencia declaró ante la jueza de Catarroja que advirtió a la dirección del organismo sobre el riesgo de la catástrofe a las 14:00 del 29 de octubre de 2024, seis horas antes de que la Generalitat activara la alerta masiva Es Alert en los móviles de la población. Para entonces, la mayoría de las víctimas ya habían fallecido, según la investigación.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra considera que una notificación más temprana podría haber salvado vidas. El director de Recursos Humanos de la Diputación, Javier Bolinches, explicó que fue consciente del peligro por lluvias intensas desde la mañana y, tras recibir información relevante, puso en marcha el cierre de las instalaciones provinciales. En apenas diez minutos, envió un correo masivo a todos los empleados, incluido el presidente Vicente Mompó, recomendando que abandonaran sus puestos y haciendo referencia a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las 7:36 de ese día.
Bolinches justificó que no pudo contactar directamente con Mompó por no disponer de su número de móvil. Solo el jefe de Servicios de Presidencia se comunicó con él para conocer detalles del cierre. La decisión se apoyó también en un mensaje de WhatsApp remitido por un asesor del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que describía la gravedad de la situación tras el desbordamiento del río Magro en este municipio. El responsable subrayó ante la jueza que actuó por urgencia, basándose en los reportes de la Aemet y la cobertura de la televisión pública À Punt.
El testimonio de Bolinches contrasta con la declaración del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, quien en su comparecencia de junio no precisó cuándo tuvo conocimiento del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo, origen de la inundación que arrasó municipios como Paiporta y Catarroja, donde murieron 55 y 25 personas respectivamente. Mompó tampoco recordó la llamada de advertencia de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, ni reconoció estar al tanto de la alerta roja emitida por Aemet a primera hora del 29 de octubre.
La tragedia de la dana, que dejó 231 fallecidos, ha puesto bajo la lupa la coordinación entre administraciones y la eficacia de los sistemas de alerta. El caso recuerda la polémica surgida tras otros desastres recientes, como el incendio de Los Gallardos, donde la gestión de las alertas y la respuesta de las autoridades también fue objeto de escrutinio público (más detalles sobre la gestión de emergencias en Los Gallardos).
En España, la activación de alertas masivas a través de Es Alert depende de la coordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología, las comunidades autónomas y los servicios de protección civil. La experiencia de la dana en Valencia ha reabierto el debate sobre la rapidez y eficacia de estos mecanismos, especialmente en situaciones donde cada minuto puede ser decisivo. La investigación judicial sigue analizando si existieron fallos de comunicación o retrasos que agravaron las consecuencias de la catástrofe.
