Las autoridades de Madrid retoman el proyecto del polémico centro en Carabanchel. El conflicto por la posible construcción de un cantón de limpieza en Carabanchel ha vuelto a encenderse. Las autoridades habían prometido ceder el terreno para uso vecinal, pero han aparecido maquinaria y materiales en el lugar. Las protestas han resurgido.
En Carabanchel, en la calle Los Morales, ha estallado de nuevo un conflicto entre los vecinos y las autoridades municipales debido a los planes de construcción de un cantón de limpieza. A pesar de las promesas públicas y por escrito del ayuntamiento en 2022 de no utilizar este terreno para un uso industrial, la semana pasada aparecieron materiales y maquinaria de obra en la zona, lo que provocó una oleada de descontento entre los residentes.
La situación se agravó después de que representantes de la Asociación Vecinal Carabanchel Alto detectaran trabajos preparatorios en el terreno disputado. Según la presidenta de la asociación, María Secos, los operarios inicialmente aseguraron que las obras estaban suspendidas hasta aclarar la situación, pero poco después la maquinaria regresó. Tras la intervención del concejal de distrito Carlos Isyerdo, se retiraron los materiales, aunque los vecinos siguen sin confiar en que el proyecto haya sido desechado.
Las autoridades mantuvieron una reunión con el grupo de iniciativa vecinal, pero según los participantes, no se ofrecieron garantías concretas. Un representante del ayuntamiento comunicó que se está buscando una parcela alternativa para el cantón, aunque a la vez presentó un nuevo proyecto en la misma ubicación prevista. En la versión actualizada se han eliminado algunos elementos polémicos, aunque se mantiene una instalación para la depuración de aguas de hidrocarburos, lo que sigue generando inquietud entre los vecinos.
Los vecinos señalan la falta de transparencia y coherencia en las acciones del Ayuntamiento. Durante los cuatro años transcurridos desde la primera renuncia al proyecto, no se realizaron cambios en la parcela, pero la aparición repentina de maquinaria y materiales volvió a poner en duda las promesas de las autoridades. En una reunión con representantes del distrito, se informó a los vecinos de que en la parcela solo podrían instalarse instalaciones auxiliares, aunque anteriormente se había prometido que el espacio sería para uso comunitario.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que se celebró la reunión con los vecinos y aseguró que no hay motivos de preocupación. Sin embargo, sus palabras sobre la posible instalación de pequeños espacios para trabajadores no aclararon la situación. Los vecinos establecen paralelismos con el proyecto de Montecarmelo, donde las autoridades también prometieron limitarse únicamente a instalaciones auxiliares a pesar de los planes para construir un cantón completo.
El área de Urbanismo del Ayuntamiento remite a las declaraciones del alcalde, sin precisar las acciones futuras respecto a la parcela. La oposición, representada por Esther Gómez (Más Madrid), acusa al consistorio de incumplir sus promesas y exige aclaraciones, señalando la proximidad del terreno a viviendas, una escuela y una guardería.
Los vecinos exigen una nueva confirmación por escrito de la renuncia a la construcción, remitiéndose a una carta del Ayuntamiento de noviembre de 2022, en la que se recogía la negativa a instalar un cantón en esa parcela. Entonces, las autoridades justificaron la necesidad de buscar una nueva ubicación por el hecho de que ya se habían gastado fondos públicos en la preparación del proyecto.
La mañana del viernes, los vecinos volvieron al terreno cercado para colocar pancartas de protesta. Según ellos, la situación recuerda a los hechos de hace cuatro años y están dispuestos a seguir luchando por preservar el espacio para uso público.
Las cuestiones sobre la ubicación de instalaciones industriales en áreas residenciales de Madrid siguen siendo relevantes. Conflictos similares ya se han producido en otros distritos de la capital y, en algunos casos, las restricciones de infraestructuras han provocado interrupciones temporales, como ocurrió en las líneas ferroviarias de Castilla y León (más detalles sobre la situación del transporte). En general, la práctica de situar infraestructuras de servicios públicos cerca de zonas residenciales genera controversias y requiere un debate público adicional.
