Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi, firmó un contrato para recibir una comisión ligada al rescate estatal de Tubos Reunidos. La operación buscaba reducir intereses y modificar condiciones clave del apoyo público.
Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi, firmó un contrato con Tubos Reunidos que le garantizaba una comisión si lograba suavizar las condiciones del rescate estatal concedido a la empresa vasca. Según documentación intervenida por la UCO de la Guardia Civil y citada por EL MUNDO, el acuerdo establecía una remuneración de éxito vinculada directamente al ahorro conseguido en los intereses del préstamo estatal.
El contrato, rubricado por el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos de las Heras, y el propio Fernández, iba más allá de la labor habitual de asesoría. El objetivo era lograr un nuevo acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que permitiera reducir los intereses y modificar la obligación de devolver anticipadamente fondos obtenidos por la venta de activos. Fernández propuso cobrar un porcentaje del ahorro conseguido, inicialmente un 2%, aunque finalmente se fijó en el 1,5% tras pasar por el consejo de administración de la empresa.
La operación se enmarca en la trama vinculada a Santos Cerdán, donde Fernández, junto a Leire Díez y otros colaboradores, ya había facilitado en 2021 la aprobación de un rescate de 112,8 millones para Tubos Reunidos. Tres años después, la empresa buscaba aliviar las condiciones del rescate, especialmente en lo relativo a los intereses y la devolución de fondos por ventas de terrenos en Sestao y Pamplona. Fernández, que también trabajaba en Servinabar junto a Antxón Alonso y el propio Cerdán, ofreció sus contactos para lograr estos cambios y propuso el mecanismo de comisión como forma de remuneración.
La UCO señala que, pese a haber dimitido en 2019, Fernández mantuvo influencia en la Sepi, actuando como presidente de facto y dando instrucciones a directivos como Bartolomé Lora, entonces presidente en funciones. Un ejemplo es la gestión para que Lora contactara con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y facilitara apoyo financiero a Tubos Reunidos mientras se tramitaba el rescate. Además, Fernández acompañó a Lora a una reunión con el Banco Santander para asegurar un crédito puente, reforzando la confianza del banco en la inminente ayuda estatal.
El informe de la UCO también revela cómo Fernández recibía información interna en tiempo real de la Sepi a través de directivos de su confianza, como Rosario Martínez Manzanedo y Miguel Ángel Figueroa. En paralelo, Leire Díez, presentada a Tubos Reunidos como parte del gabinete de presidencia, en realidad trabajaba en la Empresa Nacional del Uranio, sin formar parte formal del equipo de Lora.
Finalmente, Tubos Reunidos obtuvo una dispensa para no devolver 10 millones de euros a la Sepi en el plazo previsto, aunque la UCO no ha detectado que la trama llegara a cobrar el 1,5% de esa cantidad. Entre el rescate inicial y su posterior suavización, los pagos a la red ascendieron a 247.459 euros. Este caso se suma a otros recientes en los que la gestión de fondos públicos y la intervención de intermediarios han generado controversia, como se analizó en la cobertura sobre los pagos de Quirón a González Amador (ver detalles aquí).
Como contexto, la Sepi es el principal instrumento del Estado para intervenir en empresas estratégicas en dificultades, especialmente tras la pandemia. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue creado para canalizar rescates a compañías consideradas clave para la economía española. La figura de la comisión de éxito en operaciones con fondos públicos ha sido objeto de debate en los últimos años, por el riesgo de conflictos de interés y la opacidad en la gestión de recursos estatales. El caso de Tubos Reunidos pone de relieve la complejidad de los mecanismos de rescate y la importancia de la transparencia en la relación entre empresas, asesores y administraciones públicas.
