La Fiscalía de Cataluña acumula siete meses sin responder a víctimas de violaciones en los años noventa. Nuevas pruebas genéticas podrían identificar a un agresor aún desconocido. El caso evidencia carencias en la atención institucional.
La Fiscalía de Cataluña mantiene en vilo a varias víctimas de agresiones sexuales cometidas entre 1991 y 1995, tras meses de silencio pese a la entrega de nuevas pruebas genéticas que podrían revelar la identidad de uno de los violadores aún sin identificar. Yolanda Pleguezuelos Ruiz, víctima de una doble violación en Esparraguera (Barcelona) en 1995, ha decidido romper su anonimato y reclamar públicamente que se agilicen los trámites para cruzar los informes de ADN, una gestión que lleva esperando desde diciembre del año pasado.
El caso de Yolanda no es aislado. Al menos 16 mujeres, algunas menores de edad, sufrieron agresiones similares en las afueras de localidades catalanas durante esos años. Aunque uno de los agresores, Antonio García Carbonell, fue identificado y condenado, la información sobre el segundo responsable ha permanecido oculta durante tres décadas. La reciente investigación periodística para una serie documental sobre los casos de Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi —dos hombres condenados erróneamente y posteriormente exonerados— permitió que el Instituto Nacional de Toxicología completara el perfil genético del segundo violador. Sin embargo, la Fiscalía no ha comunicado avances a las víctimas, a pesar de contar desde diciembre con datos que podrían ser decisivos.
El 30 de octubre, Yolanda, junto a otras dos víctimas, presentó un escrito ante la Fiscalía solicitando la ampliación de los análisis de ADN con las muestras aportadas en su día. Tras meses sin respuesta, Yolanda elevó la petición a la Fiscalía General del Estado en junio, insistiendo en que no busca compensación ni condena, sino conocer la verdad. Según fuentes de la fiscalía catalana, la falta de actuación se debe a la prescripción de los delitos, lo que impide perseguir penalmente al agresor, aunque las víctimas consideran inaceptable que tampoco se les informe sobre la identidad del responsable.
La base de datos de ADN, operativa desde 2006, no ha arrojado coincidencias con delitos posteriores, lo que refuerza la sensación de impunidad y abandono institucional. Nuria, otra de las afectadas, expresa su incomprensión ante la negativa de las autoridades a facilitar información, mientras la Fiscalía alega estar a la espera de un informe de medicina legal desde hace nueve meses. La situación ha llevado a Yolanda a exponer públicamente su caso, reclamando humanidad y transparencia a las instituciones responsables.
El caso pone de relieve las dificultades que enfrentan las víctimas de delitos prescritos para acceder a la verdad, incluso cuando existen pruebas científicas que podrían cerrar heridas abiertas desde hace décadas. La falta de comunicación y la lentitud administrativa generan frustración y agravan el sufrimiento de quienes buscan respuestas. En paralelo, otros procesos judiciales en España también han evidenciado carencias en la atención a víctimas y en la gestión de pruebas, como se ha visto en investigaciones recientes sobre irregularidades fiscales, donde la presión social y mediática ha sido clave para reactivar procedimientos, tal como ocurrió en la investigación sobre Quirón Prevención y su directiva, mencionada en un reciente análisis sobre la ampliación de pesquisas fiscales.
En España, el teléfono 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista y su entorno, disponible las 24 horas en 53 idiomas. Además, existen recursos específicos para menores y situaciones de emergencia, como el 112, la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) y la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar alertas geolocalizadas. La experiencia de las víctimas de Esparraguera subraya la importancia de garantizar no solo justicia penal, sino también el derecho a la verdad y a la reparación institucional, especialmente en casos donde la prescripción impide la persecución judicial pero no el cierre emocional de quienes sufrieron estos delitos.
