José Luis Rodríguez Zapatero solicita al juez la nulidad total del caso Plus Ultra. Alega que se vulneraron derechos fundamentales y pide excluir todas las pruebas obtenidas. La defensa cuestiona varias resoluciones judiciales clave.
José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad general de la investigación sobre el caso Plus Ultra, argumentando que se han vulnerado sus derechos fundamentales durante el proceso. El expresidente del Gobierno, a través de un escrito presentado por su abogado Víctor Moreno Catena, reclama que se excluyan todas las pruebas obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que no se respetaron las garantías procesales ni la presunción de inocencia.
En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa de Zapatero sostiene que se han incorporado al procedimiento pruebas que, según su criterio, fueron analizadas de forma ilícita. Entre los derechos presuntamente vulnerados, menciona la intimidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones de terceros. La petición incluye la anulación de una docena de resoluciones judiciales, entre ellas la decisión del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid de abrir una pieza separada en noviembre de 2025 por un supuesto blanqueo de capitales tras el rescate de la aerolínea, así como las órdenes de entrada y registro en la sede de Plus Ultra dictadas en diciembre de ese año.
La defensa también solicita que se dejen sin efecto las actuaciones relacionadas con el envío del caso a la Audiencia Nacional, los registros en el despacho de Zapatero y en la empresa de sus hijas, el bloqueo parcial de las cuentas del expresidente y la apertura de una pieza separada sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina. Este movimiento judicial se produce en un contexto de creciente presión sobre figuras políticas vinculadas a casos de corrupción, como se ha visto recientemente en la condena a José Luis Ábalos, quien recibió 24 años de prisión por su implicación en una trama de comisiones, según se detalla en una sentencia del Tribunal Supremo.
El caso Plus Ultra ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las actuaciones judiciales y el uso de pruebas en procedimientos de alto perfil. La petición de Zapatero pone el foco en la validez de las pruebas obtenidas y en el respeto a los derechos fundamentales durante las investigaciones. En España, la nulidad de actuaciones judiciales solo se concede en situaciones excepcionales, cuando se acredita una vulneración grave de derechos. Además, la Audiencia Nacional suele ser el órgano competente para causas de especial complejidad o relevancia nacional, como la que afecta a Plus Ultra. El desenlace de esta solicitud podría marcar un precedente en la gestión de pruebas y garantías procesales en casos de corrupción política.
