La policía catalana arrestó a cinco personas por ejercer sin titulación en clínicas dentales de Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat. Los afectados sufrieron secuelas físicas y pérdidas económicas. Los locales han sido clausurados provisionalmente.
La actuación de los Mossos d’Esquadra en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat ha dejado al descubierto una trama de falsos dentistas que operaban en dos clínicas de la provincia de Barcelona. Cinco personas, de entre 21 y 60 años, fueron detenidas el 17 de junio acusadas de usurpación de estado civil, estafa, intrusismo profesional y lesiones, tras realizar intervenciones odontológicas sin la titulación requerida.
La investigación policial se inició a finales de abril, cuando un testimonio alertó sobre posibles prácticas irregulares en varias clínicas dentales. A partir de ese aviso, los agentes tomaron declaración a más víctimas, quienes relataron haber sufrido daños físicos tras someterse a tratamientos presuntamente fraudulentos. Además, varios pacientes denunciaron haber pagado por procedimientos que nunca se completaron, lo que apunta también a un perjuicio económico relevante.
Durante las inspecciones en los dos establecimientos, los Mossos comprobaron que la actividad no cumplía con la legalidad vigente. Se incautaron dispositivos informáticos y documentación relacionada con la gestión de citas, y ambos locales quedaron precintados de forma provisional mientras avanza la investigación. Los arrestados, que carecían de antecedentes penales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Martorell.
El caso recuerda a otros episodios recientes en el sector sanitario catalán. En 2023, la Audiencia de Barcelona condenó a un hombre a seis años y cuatro meses de prisión por ejercer como dentista sin titulación, tras estafar a cerca de 80 pacientes y causarles lesiones bucales. Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de 4.800 euros y la obligación de indemnizar a los afectados con unos 450.000 euros. Este tipo de delitos, que afectan directamente a la salud y el bolsillo de los ciudadanos, han generado preocupación en la sociedad y han motivado un refuerzo de los controles en el ámbito sanitario.
La proliferación de casos de intrusismo profesional y estafas en el sector sanitario no es un fenómeno aislado. Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre clínicas y profesionales, especialmente tras la aparición de redes que operan al margen de la ley. En este contexto, la lucha contra el fraude sanitario se ha convertido en una prioridad para los cuerpos policiales y la justicia, como también se refleja en otras investigaciones recientes sobre corrupción y delitos económicos, como la que afecta a políticos y empresarios en Canarias, mencionada en un caso mediático de la Fiscalía.
En España, el ejercicio de profesiones sanitarias sin la debida acreditación está tipificado como delito y puede acarrear penas de prisión, multas e inhabilitación. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar siempre la titulación y colegiación de los profesionales antes de iniciar cualquier tratamiento médico o dental, para evitar riesgos para la salud y posibles fraudes económicos.