El Gobierno central suma una nueva fractura en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno, ha presentado su dimisión tras acusar directamente a Miguel Ángel Pérez Triano de mentir sobre el aviso del CNI recibido antes de la entrada masiva en la ciudad. La salida de Sanz deja al delegado en el centro de la polémica y evidencia tensiones internas.
El conflicto gira en torno a una comunicación del 29 de julio, cuando el CNI alertó de un posible asalto a la valla y por mar, aprovechando la fiesta del trono en Marruecos y la menor vigilancia de las fuerzas de seguridad. Sanz asegura que trasladó esa información a Pérez Triano el mismo día, algo que el delegado niega en público. Esta contradicción ha provocado la primera dimisión relevante desde que comenzó la crisis.
Según documentos desclasificados y reportes de agencias internacionales como AP y BBC, el CNI advirtió específicamente de ataques tanto por el mar como por el vallado, anticipando la táctica múltiple de entrada a Ceuta.
En su correo de renuncia, Sanz insiste en que la información del CNI fue transmitida de inmediato y lamenta las declaraciones de Pérez Triano en los medios, donde este último afirma no haber recibido ningún aviso. Los documentos desclasificados por La Moncloa recogen una secuencia de mensajes y llamadas: la delegación y el CNI hablaron a las 13:52 y, tras varias horas sin contacto, volvieron a comunicarse a las 21:33, cuando la situación en la playa de Castillejos ya era crítica.
Un informe de inteligencia fechado el 30 de julio confirma que, media hora antes de la última llamada, cientos de personas esperaban para lanzarse al agua y entrar en Ceuta, mientras las fuerzas marroquíes no lograban contener la multitud. La falta de reacción y la descoordinación entre la delegación y el Gobierno central quedan reflejadas en los documentos oficiales.
La versión oficial del Gobierno ha cambiado con el tiempo. Al principio se negó la existencia de informes de alerta, luego se matizó que ninguno preveía la magnitud de lo ocurrido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que sí hubo avisos, mientras que Fernando Grande-Marlaska y La Moncloa insisten en que no se alertó de una entrada irregular masiva en los términos en que finalmente sucedió.
Según la agencia AP y Al Jazeera, durante el pico de la crisis más de 72.000 personas cruzaron o intentaron cruzar a Ceuta en un corto periodo, lo que representa uno de los mayores episodios de presión migratoria registrados en la frontera española. Los documentos también señalan que el 29 de julio hubo contactos por WhatsApp y una llamada telefónica de 11 minutos entre el CNI y la delegación, hechos confirmados por Europa Press y Democrata.
La dimisión de Sanz, que ocupaba el cargo desde 2025, aumenta la presión sobre Pérez Triano y el Ejecutivo. En su despedida, Sanz subraya que la delegación en Ceuta actuó desde el primer momento para movilizar al Gobierno central, apoyándose en informes que demuestran el aviso a los ministerios implicados. Esta versión contradice la narrativa oficial y deja en evidencia la falta de unidad en la gestión de la crisis.
El caso recuerda otros episodios recientes donde la gestión de la información y la transparencia institucional han sido cuestionadas, como reportado anteriormente en situaciones de tensión entre responsables públicos y medios.
La división interna en la delegación del Gobierno en Ceuta y las versiones enfrentadas sobre el aviso del CNI ponen en duda la capacidad de respuesta ante crisis migratorias de gran escala. La renuncia de Sanz señala a Pérez Triano y deja al Gobierno central ante la evidencia de una gestión marcada por contradicciones y falta de coordinación. En un contexto donde la presión migratoria sobre Ceuta sigue siendo un reto constante, la transparencia y la eficacia en la transmisión de alertas resultan esenciales para evitar nuevos episodios de descontrol institucional.
