La Delegación del Gobierno en Ceuta atraviesa una crisis tras la dimisión de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. En su renuncia, enviada por correo electrónico, Sanz acusa directamente a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, de mentir sobre cómo se gestionaron los avisos del CNI antes de la entrada masiva de migrantes. Esta salida deja al Ejecutivo en una posición aún más frágil en plena crisis migratoria.
El conflicto estalló cuando Pérez Triano negó públicamente haber recibido información clave del CNI el 29 de julio, justo antes del colapso en la frontera. Sanz sostiene que sí le trasladó los datos, tanto por WhatsApp como en una llamada de 11 minutos, contradiciendo la versión oficial. La Delegación mantiene que el delegado no tuvo conocimiento previo ni del mensaje ni de la llamada, y que sigue sin saber el contenido exacto de esas comunicaciones. Según documentos desclasificados y recogidos por El País, el CNI emitió una alerta temprana el 29 de julio sobre posibles intentos de entrada masiva a Ceuta, incluyendo llamamientos en redes sociales para cruzar "a nado" y "por la valla".
"El CNI envió su alerta también a los servicios de inteligencia marroquíes a las 18:26 del 29 de julio, advirtiendo del riesgo inminente de un asalto masivo a la frontera de Ceuta."
El País
La fractura interna ha dejado al descubierto la falta de coordinación y ha reavivado las dudas sobre la transparencia del Gobierno central. Sanz afirma que existen informes que prueban que la Delegación alertó a los ministerios competentes sobre la presión migratoria, aunque La Moncloa sostiene que no hubo ningún aviso que anticipara la magnitud de lo ocurrido el 30 de julio. El Ejecutivo prometió publicar todos los informes relevantes, pero hasta ahora no ha aclarado a qué documentos se refiere Sanz ni ha respondido a las nuevas acusaciones. Según datos de Europa Press y EFE, la entrada masiva se produjo el 30 de julio, con más de 70.000 personas cruzando la frontera en dos días, la mayor cifra registrada en la historia reciente de Ceuta.
La Delegación en Ceuta reconoce que informó a los ministerios sobre los picos migratorios, pero no concreta fechas ni detalles. El delegado, bajo presión, descarta dimitir aunque su posición se debilita. Un alto cargo socialista admite que la gestión y el relato oficial han generado desconcierto y preocupación, sobre todo tras la publicación de documentos que muchos interpretaron como una confirmación de que el CNI sí avisó, en línea con lo que defendía Robles. Además, medios como El Confidencial han señalado que otros organismos de seguridad, como CIFAS y la Policía Nacional, también emitieron alertas sobre el riesgo muy alto de entradas masivas y cruces a nado en Ceuta en los días previos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también ha denunciado que sus advertencias a La Moncloa sobre el aumento de entradas a nado fueron ignoradas. Según su versión, el 27 de julio intentó contactar con el presidente del Gobierno, pero solo fue atendido por el jefe de gabinete, quien le pidió tranquilidad y aseguró estar en contacto con los ministerios. Vivas afirma que, tras insistir en su preocupación, desde Moncloa le pidieron que dejara de llamar y remitieron toda la información al delegado en Ceuta.
"La causa judicial por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio sigue abierta en la Audiencia Nacional, donde se investiga si se vulneró la integridad territorial y la actuación de los responsables políticos."
El Español
La crisis de gestión en Ceuta no es un caso aislado. Como se recogió en otro informe reciente, la ciudad autónoma ya había experimentado un aumento de incidentes tras la oleada migratoria, con críticas directas al Gobierno por su falta de respuesta ante la inseguridad.
El caso ha puesto en evidencia contradicciones y silencios en la cúpula gubernamental, donde los informes internos y las versiones públicas no coinciden. La falta de claridad sobre los avisos del CNI y la gestión de la alerta migratoria deja al Ejecutivo sin un relato sólido y con la credibilidad dañada. En un contexto de presión política y social constante sobre la frontera de Ceuta, la ausencia de explicaciones claras y la negativa a asumir responsabilidades agravan la desconfianza. La gestión opaca y la resistencia a reconocer errores solo aumentan la tensión, mientras la frontera sigue siendo el termómetro de la política migratoria española.
La publicación de los documentos desclasificados y la cobertura de medios como El País han reavivado el debate sobre la coordinación y la transparencia en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
