Jacobo Teijelo, abogado vinculado al PSOE, comparece como imputado en la Audiencia Nacional. Denuncia que se está vulnerando el derecho a la defensa y al secreto profesional. El caso implica a figuras clave del partido.
El caso Leire Díez suma un nuevo capítulo de tensión en la Audiencia Nacional. Este jueves, el abogado Jacobo Teijelo ha comparecido como imputado ante el juez Santiago Pedraz, quien lo investiga por su presunta participación en una trama destinada a influir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Tras una declaración de apenas una hora, Teijelo ha criticado públicamente lo que considera una persecución al derecho de defensa y al secreto profesional, señalando que no solo los letrados están bajo presión, sino también los ciudadanos que buscan protección legal.
Durante el interrogatorio, Teijelo se ha amparado en el secreto profesional y ha evitado detallar los trabajos realizados para el PSOE. Según fuentes jurídicas, el abogado explicó que fue contratado por el partido para analizar la viabilidad de distintos procedimientos judiciales. Aportó que recibió tres pagos por un total de 125.000 euros, aunque dos facturas adicionales, por valor de 53.000 euros, fueron devueltas tras la salida de Santos Cerdán del partido, motivada por su imputación en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Teijelo, que representa a Cerdán en esa causa, aseguró que nunca realizó pagos a Leire Díez.
La investigación, dirigida por el juez Pedraz, se centra en una supuesta red encabezada por Leire Díez, exmilitante socialista. Entre los imputados figuran la gerente del PSOE, Ana Fuentes; el ex secretario de Organización, Santos Cerdán; el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset y el propio Teijelo, a quien se atribuyen delitos de revelación de secretos, cohecho y atentado contra las altas instituciones del Estado. Los informes policiales apuntan a que Teijelo habría asumido la responsabilidad de una de las líneas de actuación de la trama, especialmente en asuntos relacionados con hidrocarburos y la posible nulidad de actuaciones en el caso Koldo.
En su declaración, Teijelo reconoció haberse reunido con Diego Villafañe, colaborador cercano de Álvaro García Ortiz durante su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público informó de dos encuentros entre Villafañe y Teijelo en marzo y abril de 2025, a los que el abogado acudió acompañado de una mujer identificada posteriormente como Leire Díez. Teijelo negó haber presentado a Díez como abogada. Según la Fiscalía, en la primera reunión se comunicaron hechos presuntamente delictivos cometidos por terceros, y en la segunda, la intención de presentar varias denuncias relacionadas. García Ortiz fue informado posteriormente y no intervino en el asunto.
El caso Leire Díez se suma a una serie de investigaciones recientes que han puesto bajo el foco la relación entre partidos políticos y procedimientos judiciales en España. En este contexto, la tensión entre la independencia de la defensa y la actuación de los órganos judiciales ha sido objeto de debate, como ya ocurrió en la polémica sobre la actuación del CGPJ contra el juez Peinado, recogida en una reciente cobertura sobre la presión judicial en Madrid. La evolución de estos casos puede marcar precedentes relevantes para la protección del secreto profesional y la garantía de defensa en el sistema judicial español.
Como contexto, la Audiencia Nacional es el órgano encargado de los delitos más graves y complejos en España, incluyendo corrupción y delitos contra las instituciones. El secreto profesional es un derecho fundamental para los abogados, protegido por la ley, y su vulneración puede tener consecuencias para la confianza en el sistema judicial. El caso Koldo, que ha salpicado a varios miembros del PSOE, sigue generando ramificaciones en distintos frentes judiciales y políticos.
