En España, la indemnización habitual por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Esta fórmula, vigente desde la reforma laboral de 2012, está ahora en entredicho: el Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar un recurso que pone en duda si este sistema compensa de verdad el daño de un despido injustificado.
El debate no gira tanto en torno a la cantidad, sino al método de cálculo. El modelo español usa una tabla fija que solo considera salario y antigüedad, sin tener en cuenta circunstancias personales, oportunidades laborales perdidas o situaciones especialmente graves. El Constitucional debe decidir si este sistema cumple con la tutela judicial efectiva y los compromisos internacionales de España.
Desde 2012, la fórmula de 33 días por año trabajado se aplica con un máximo de 24 mensualidades, mientras que para el periodo anterior sigue vigente el cálculo de 45 días por año.
Por ahora, las reglas siguen igual. Las empresas pueden elegir entre readmitir al trabajador o pagar la indemnización, y la persona afectada tiene veinte días hábiles para reclamar desde el despido. El hecho de que el Constitucional estudie el caso no suspende plazos ni aumenta automáticamente las compensaciones.
El Tribunal Supremo, hasta la fecha, ha rechazado subir la indemnización ordinaria basándose solo en tratados internacionales. Solo admite compensaciones adicionales si el despido vulnera derechos fundamentales, como en casos de discriminación, represalias o ataques a la libertad sindical. En esas situaciones, la nulidad del despido puede suponer la readmisión y el pago de salarios de tramitación, además de indemnizaciones por daños morales o materiales.
Para la mayoría de los despidos improcedentes, reclamar una cantidad mayor sigue siendo difícil. El trabajador debe demostrar que el daño sufrido supera lo que cubre la tabla general. La empresa, por su parte, debe justificar que su decisión no vulnera derechos protegidos.
El Tribunal Supremo ha reiterado que la actual fórmula de indemnización garantiza seguridad jurídica y trato igualitario, y que cualquier cambio relevante debe ser decidido por el legislador, no por los jueces.
La discusión sobre si la indemnización es suficiente no es solo jurídica. Afecta directamente a miles de personas que cada año reciben una carta de despido y deben calcular si la compensación cubre el perjuicio real. Las guías prácticas ayudan a distinguir entre indemnización y finiquito, pero no resuelven la cuestión de fondo: ¿basta una fórmula matemática para reparar un daño personal y profesional?
Mientras tanto, el mercado laboral español sigue ajustándose. Casos como el de Vodafone, que anunció recientemente un ERE que afecta a cientos de empleados, muestran que la indemnización no es un debate teórico, sino una realidad diaria para empresas y trabajadores.
Por ahora, quien sea despedido debe actuar rápido: guardar toda la documentación, presentar la papeleta de conciliación y, si lo ve necesario, impugnar la causa, la antigüedad o el salario regulador. Si el Constitucional declara insuficiente el sistema actual, el alcance de la sentencia dependerá de su redacción y del momento en que se encuentre cada caso.
La revisión del modelo de indemnización llega en un momento en que la protección laboral está bajo presión y la seguridad jurídica es un valor en disputa. Si el Constitucional decide que la tabla de 33 días por año no basta para reparar el daño, España tendría que replantear uno de los pilares de su legislación laboral. El debate ya no es solo técnico: afecta a la confianza en el sistema y a la percepción de justicia en el trabajo. La decisión final puede cambiar la relación entre empresa y trabajador y pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar una protección real frente al despido injustificado.
El Gobierno y el Ministerio de Trabajo han recibido peticiones de sindicatos y organismos europeos para revisar el sistema, y la ministra Yolanda Díaz ha calificado la indemnización media de 8.000 euros como "demasiado baja". El tema ha sido ampliamente tratado en medios económicos nacionales y sigue generando presión para una posible reforma.
