Begoña Gómez debe entregar su pasaporte por orden judicial en Madrid. La defensa recurre la medida y el Consejo del Poder Judicial investiga al juez. El caso suma tensión política y jurídica en plena fase decisiva.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada este miércoles a las 18:00 en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, para entregar su pasaporte por orden del juez Juan Carlos Peinado. La medida cautelar llega tras la apertura de juicio oral contra Gómez, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La defensa de Gómez ha recurrido la decisión, argumentando que la presencia constante de escoltas policiales hace inviable cualquier intento de fuga.
El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado un expediente disciplinario contra el juez Peinado, después de que este justificara la retirada del pasaporte señalando que los escoltas de Gómez podrían facilitar una posible huida. Aunque el magistrado sostiene que su resolución no admite recurso, la defensa ha presentado alegaciones ante la Audiencia Provincial de Madrid, buscando frenar tanto la retirada del documento como la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
La acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicitó la retirada del pasaporte y reclama una condena de 24 años de prisión para Gómez. Esta medida ya fue rechazada en 2024 por el propio Peinado, que entonces la consideró innecesaria y desproporcionada, al encontrarse la investigación en fase inicial. Ahora, con el proceso en una etapa avanzada, el juez ha dado un giro y ha impuesto la restricción. La asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también imputada, entregó su pasaporte el lunes, adelantándose a la citación judicial prevista para la misma hora.
La investigación, iniciada en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias y ampliada con querellas de Vox y Hazte Oír, ha sido especialmente mediática y polémica. El juez considera que existen indicios de que Gómez se habría beneficiado de su relación con el presidente para impulsar su carrera profesional, apoyándose en su asesora para trabajos privados, algo que la defensa niega rotundamente. Además de Gómez y Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés también irá a juicio, y sobre él pesa una pieza separada por sospechas en contratos tras documentación remitida por la Fiscalía Europea.
La Audiencia Provincial de Madrid ya ha corregido en varias ocasiones decisiones del juez Peinado, como el levantamiento de imputaciones, la exclusión del rescate de Air Europa de la investigación y la anulación del registro a Barrabés. La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, espera que el órgano superior vuelva a frenar las medidas del instructor. Aunque la apertura de juicio oral no puede ser recurrida directamente, sí podría quedar sin efecto si la Audiencia revoca decisiones previas que la sustentan. Entre los puntos pendientes está la decisión sobre si el caso será juzgado por un jurado popular, opción a la que se oponen tanto las defensas como la Fiscalía.
El contexto de este caso recuerda a otros procesos recientes de alto perfil en la política española, como la condena a José Luis Ábalos, donde el Tribunal Supremo impuso 24 años de prisión tras desvelarse un entramado de comisiones, según se detalla en un análisis sobre sentencias ejemplares en casos de corrupción. Este tipo de procedimientos subraya la tensión entre la instrucción judicial y las garantías procesales en asuntos que afectan a figuras públicas.
En España, la retirada del pasaporte como medida cautelar es excepcional y suele aplicarse en casos donde existe riesgo real de fuga. El proceso contra Begoña Gómez se produce en un momento de máxima atención mediática y política, con la Audiencia Provincial de Madrid como árbitro clave en las próximas decisiones. El desenlace de este caso podría marcar un precedente sobre el alcance de las medidas cautelares en procedimientos contra altos cargos y sus familiares.
