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En una oficina del SEPE en Extremadura estalla un conflicto por un expediente disciplinario

Ricardo Rubio Español.News

Publicado por Ricardo Rubio

En una oficina del SEPE en Extremadura estalla un conflicto por un expediente disciplinario Español.News
En una oficina del SEPE en Extremadura estalla un conflicto por un expediente disciplinario

En Mérida, un empleado de SEPE puede ser sancionado por ayudar sin cita previa. En Mérida, un trabajador de SEPE ha sido sometido a una sanción disciplinaria por atender a ciudadanos sin cita previa. La situación ha provocado protestas y cuestiona el funcionamiento del servicio. Las autoridades justifican la decisión por motivos internos.

En Mérida (Badajoz) se ha desatado una polémica en torno al empleado del SEPE, Juan Carlos Nieto, quien se enfrenta a una posible sanción disciplinaria por atender a ciudadanos sin cita previa. Según informa EL PAÍS, el trabajador, con casi 40 años de experiencia, ayudaba a quienes no podían conseguir cita electrónica o telefónica y emitía los certificados necesarios para la gestión de prestaciones sociales. Ahora se enfrenta a una sanción grave —desde la suspensión de empleo hasta un posible traslado a otra ciudad.

La dirección del SEPE ha abierto un expediente disciplinario, alegando incumplimiento del procedimiento de atención y entrega de documentos. El propio Nieto asegura que solo atendía a las personas una vez finalizada la gestión con los citados o cuando había huecos disponibles. Relaciona la situación con la falta crónica de personal y el aumento de las colas: si antes las citas se conseguían en 2 o 3 días, ahora la espera puede prolongarse durante semanas.

El problema se agudizó especialmente tras implantarse el modelo de “distrito único” en la provincia de Badajoz. Ahora, los habitantes de Mérida, en ocasiones, tienen que recorrer 100 kilómetros para un simple trámite administrativo. Según Nieto, no todos pueden permitirse esos desplazamientos y la brecha digital dificulta el acceso a los servicios online a personas mayores o con bajos ingresos. Muchos acuden en persona a la oficina tras no conseguir cita por internet o mediante el contestador automático.

La situación se agrava por la reducción de personal: en los últimos años el número de empleados en la oficina de Mérida ha pasado de ocho a cuatro. A pesar de ello, Nieto subraya que la atención sin cita previa no interfería con el trabajo principal: en ocasiones las ventanillas quedaban libres y algunos visitantes no acudían. Considera que sus acciones ayudaban a evitar trámites burocráticos para los ciudadanos más vulnerables, especialmente al gestionar subsidios, pensiones y certificados para organizaciones como Cáritas o Cruz Roja.

El expediente disciplinario ha generado preocupación no solo en el propio trabajador, sino también entre los vecinos. Varias organizaciones sociales, incluyendo Sindicato 25 de Marzo y Campamento Dignidad, han anunciado una concentración en apoyo a Nieto frente al edificio del SEPE el 3 de junio. Exigen no solo la anulación de las sanciones, sino también la mejora de las condiciones de atención a los desempleados.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social declaró a EL PAÍS que el procedimiento disciplinario no está vinculado únicamente a la atención sin cita, sino a «múltiples motivos» que no se revelan por confidencialidad. Una comisión especializada tomará la decisión tras revisar todas las circunstancias. El ministerio también afirma que no hay retrasos en la concesión de ayudas en Mérida y que la cita previa sirve como confirmación del inicio del trámite.

Los problemas de acceso a los servicios públicos y las colas no son infrecuentes en España. En otras regiones también se están aplicando nuevas medidas de control y restricciones, como ocurrió recientemente en Cataluña, donde se reforzaron los controles en los exámenes PAU y cambiaron las normas para los estudiantes. Esto refleja una tendencia general al endurecimiento de los procedimientos y al aumento de la carga sobre los servicios públicos.

Para referencia: SEPE es el organismo clave en cuestiones de empleo y prestaciones en España. En los últimos años, el servicio se ha enfrentado a un aumento de solicitudes, especialmente tras la pandemia y a raíz de cambios en la legislación laboral. La reducción de personal y la digitalización de los procesos suelen provocar fallos y quejas sobre la accesibilidad de los servicios, lo que se convierte en tema de debate público y protestas.

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