La Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos la continuidad del juicio a Begoña Gómez. Recursos pendientes podrían anular la apertura del proceso. Las medidas cautelares impuestas generan tensión en el caso.
El proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entra en una fase decisiva tras la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral con jurado. Aunque esta resolución no admite recurso directo, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe pronunciarse sobre varios recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, que podrían revertir pasos clave del instructor y, en la práctica, frenar el avance hacia el banquillo.
Entre las medidas cautelares impuestas por Peinado figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado. El entorno de Gómez ya ha anunciado alegaciones contra estas restricciones, que consideran desproporcionadas. El abogado de la acusada, Antonio Camacho, había solicitado que se esperara la decisión de la Audiencia antes de continuar, advirtiendo del riesgo de tener que retrotraer actuaciones y del perjuicio para todas las partes si se estiman los recursos pendientes.
La Audiencia de Madrid debe resolver sobre la legalidad de decisiones como el procesamiento de Begoña Gómez y la elección de un jurado popular para el caso. Tanto las defensas como la Fiscalía han cuestionado la actuación del juez Peinado, señalando supuestos excesos y solicitando el archivo de la causa. Además, la investigación afecta también al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa.
El tribunal provincial ya anuló en febrero de 2026 una primera resolución de Peinado que pretendía transformar la causa en un proceso con jurado, criticando la falta de fundamentación. Sin embargo, el instructor volvió a insistir en marzo, y esa decisión sigue pendiente de revisión. Desde el inicio de la causa en abril de 2024, la Audiencia ha avalado la línea principal de la investigación, pero ha limitado intentos de ampliarla y ha revocado imputaciones relevantes, como las de Joaquín Goyache, Juan José Güemes y Francisco Martín Aguirre.
La Audiencia también frenó la apertura de un segundo juicio por malversación contra Gómez y anuló el registro en la vivienda y empresas de Barrabés, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales y que no existía urgencia suficiente. El tribunal recordó al instructor que la búsqueda de la verdad no puede justificar cualquier medida.
El caso de Begoña Gómez ha generado un intenso debate jurídico y político en España, especialmente por el alcance de las medidas cautelares y la intervención de un jurado popular. En una situación similar, el juez Manuel García-Castellón optó por esperar la decisión de la instancia superior antes de abrir juicio en el caso Kitchen, lo que subraya la excepcionalidad del procedimiento actual. Para más detalles sobre las restricciones impuestas y el avance del proceso, puede consultarse el análisis sobre las medidas cautelares y la apertura de juicio en el artículo dedicado a las restricciones judiciales a Begoña Gómez.
En el contexto judicial español, la Audiencia Provincial actúa como órgano de control sobre las decisiones de los jueces instructores, pudiendo anular actuaciones si detecta irregularidades o vulneraciones de derechos. La figura del jurado popular, aunque prevista en la ley, es poco habitual en casos de relevancia política. El desenlace de este proceso marcará un precedente sobre los límites de la instrucción y la protección de garantías en procedimientos de alto perfil.
