La Generalitat indemnizará con 617.473 euros a las familias de dos agentes rurales asesinados en Aspa en 2017. El pago responde a una resolución judicial y a la falta de protección laboral. El caso marcó un precedente en la responsabilidad de la administración.
La Generalitat de Cataluña ha aprobado el abono de 617.473 euros a las familias de Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales asesinados en 2017 en Aspa (Lleida) durante una inspección de caza. El pago, autorizado por el Departamento de Interior y Seguridad Pública, responde a la parte de la indemnización que seguía pendiente tras la condena al autor de los hechos, Ismael Rodríguez Clemente, quien disparó a los agentes sin que pudieran defenderse.
El caso, que conmocionó a la comunidad rural y a los cuerpos de seguridad, se resolvió judicialmente con una condena de 45 años de prisión para el cazador, declarado culpable por un jurado popular. La Audiencia de Lleida fijó en 1.077.473 euros la responsabilidad civil por los daños causados a las familias de las víctimas. Sin embargo, la aseguradora del condenado solo cubrió 300.000 euros antes de declararse insolvente, lo que dejó un saldo de 777.473 euros a reclamar a la administración autonómica.
La Generalitat ya había asumido el pago de 160.000 euros, pero quedaba pendiente la mayor parte de la indemnización. Ahora, tras la aprobación de un decreto ley que obliga a resarcir a los empleados públicos que sufran daños en el ejercicio de sus funciones, el gobierno catalán ha decidido cubrir la cantidad restante. La resolución estima la solicitud presentada por el abogado de las familias, Pau Simarro, y se fundamenta en el principio de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a riesgos laborales no cubiertos.
Las familias de los agentes rurales argumentaron que las muertes fueron consecuencia directa de la falta de medidas de seguridad y protección proporcionadas por el departamento responsable. Tras agotar la vía penal, presentaron una reclamación patrimonial contra la Generalitat, alegando omisión en materia de prevención de riesgos laborales. El caso ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de la administración en la protección de sus empleados, especialmente en situaciones de riesgo como las inspecciones en zonas rurales.
La noticia llega en un contexto de creciente atención a la seguridad de los trabajadores públicos en España. En los últimos años, varios incidentes han reabierto el debate sobre la dotación de medios y la prevención de riesgos en sectores expuestos. Por ejemplo, el aumento de homicidios en Barcelona y el uso de armas de fuego en delitos violentos han sido objeto de análisis, como se detalla en un reciente informe sobre la criminalidad en la capital catalana.
El doble asesinato de Aspa marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad de los agentes rurales en Cataluña. Desde entonces, se han revisado protocolos y se han impulsado medidas para reforzar la protección en el desempeño de tareas de inspección. La indemnización aprobada por la Generalitat no solo cierra un capítulo judicial, sino que también sienta un precedente sobre la obligación de las administraciones de garantizar la seguridad de sus empleados y responder ante posibles omisiones.
En España, los agentes rurales desempeñan funciones clave en la vigilancia ambiental, la prevención de incendios y el control de actividades cinegéticas. Su labor implica riesgos específicos, especialmente en zonas aisladas o en contacto con personas armadas. La resolución de la Generalitat puede influir en futuras reclamaciones y en la revisión de las condiciones laborales en el sector público. El caso de Aspa subraya la importancia de la prevención y la responsabilidad institucional en la protección de quienes trabajan en primera línea.
