El juez del ‘caso Cerdán’ autoriza a la Guardia Civil a investigar cuentas familiares y solicita expedientes fiscales de empresas vinculadas. El foco se amplía sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.
El ‘caso Cerdán’ ha dado un giro relevante tras la decisión del juez Ismael Moreno de autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias y productos financieros de varios familiares de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Esta medida, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, busca esclarecer el posible flujo de fondos irregulares en el entorno del dirigente socialista, especialmente tras detectarse ingresos en efectivo de origen incierto y movimientos financieros coincidentes con adjudicaciones públicas bajo sospecha.
La investigación, que se desarrolla en la Audiencia Nacional desde que José Luis Ábalos perdió el aforamiento, se centra en el presunto amaño de contratos de obra pública y la utilización de la empresa Servinabar como pantalla para canalizar comisiones. Según los informes de la UCO, Cerdán habría controlado esta sociedad a través de su entorno, figurando formalmente a nombre de Antxon Alonso, pero con indicios de que los fondos beneficiaban directamente a la familia del exdirigente. Entre 2015 y 2024, los investigadores cifran en al menos 320.000 euros los ingresos irregulares atribuidos a Cerdán y sus allegados, incluyendo alquileres, renting de vehículos, compras de mobiliario y sueldos a familiares.
El juez también ha solicitado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) los expedientes fiscales de tres constructoras —Mer Construcción, Levantina y OPR— implicadas en la trama, con especial atención a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Esta decisión responde a la necesidad de analizar posibles vínculos entre las empresas y las adjudicaciones investigadas. Varios directivos de estas compañías ya han sido imputados y sometidos a medidas cautelares, aunque han negado cualquier pago de comisiones a cambio de contratos públicos.
La causa sobre Cerdán se desgajó del conocido ‘caso Koldo’, que destapó un fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia y llevó a juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. A partir de ahí, la UCO abrió una línea paralela sobre una presunta red corrupta en Navarra y la Administración central, con Cerdán en el centro de las pesquisas. El análisis patrimonial realizado por la Guardia Civil ha detectado movimientos sospechosos en cuentas de la esposa, hija, hermana y cuñado de Cerdán, quienes también habrían recibido fondos de Servinabar. Entre los ejemplos destacados figura el cobro mensual de 1.300 euros por parte de Francisca Muñoz, pareja de Cerdán, de una empresa de Granada para la que no habría trabajado, así como el intento de adquisición de un piso en Madrid valorado en un millón de euros.
En paralelo, el magistrado ha incorporado a la causa nueva documentación remitida por la Hacienda de Bizkaia sobre la esposa y una sociedad vinculada a Antxon Alonso, y espera un informe adicional sobre el desdoblamiento de los túneles de Belate en Navarra, otra obra bajo sospecha. El caso se suma a otros procesos recientes en los que la justicia española ha puesto el foco en tramas de corrupción vinculadas a la adjudicación de contratos públicos, como ocurrió en el proceso por el espionaje a Bárcenas, donde se analizaron conexiones entre responsables políticos y empresas, tal como se detalla en este análisis sobre el caso Kitchen y sus implicaciones judiciales.
El ‘caso Cerdán’ ilustra la creciente presión judicial sobre las redes de influencia en la contratación pública en España. La ONIF y la UCO desempeñan un papel clave en el rastreo de movimientos financieros y patrimoniales, mientras la Audiencia Nacional refuerza el control sobre adjudicaciones sospechosas. El seguimiento de cuentas familiares y la petición de expedientes fiscales reflejan una estrategia de investigación más exhaustiva, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en la administración pública. En el contexto actual, la colaboración entre organismos fiscales y judiciales se ha intensificado, y la transparencia en la gestión de fondos públicos se mantiene como una de las principales demandas sociales y políticas en el país.
