La abogada Leticia de la Hoz niega haber recibido pagos del PSOE ni haber ofrecido sobornos a la empresaria Carmen Pano. El caso, vinculado a la gestión de mascarillas, suma nuevas declaraciones ante la Audiencia Nacional.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García en el proceso por el caso mascarillas, ha negado ante la Audiencia Nacional cualquier vínculo económico con el PSOE y rechaza de forma tajante haber ofrecido sobornos a la empresaria Carmen Pano. La letrada compareció como imputada tras las acusaciones de Pano, quien sostiene que recibió una propuesta de dinero para alterar su testimonio sobre supuestos pagos en la sede socialista de la calle Ferraz.
Durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, De la Hoz insistió en que nunca recibió honorarios del partido, ni directa ni indirectamente, y que tampoco trabajó para la formación. Según fuentes jurídicas, la abogada atribuye las acusaciones de Pano a una venganza personal, motivada por el intento frustrado de cobrar una comisión en una operación relacionada con el sector de hidrocarburos.
La investigación se intensificó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en sus informes la existencia de indicios de que De la Hoz habría participado en hasta cuatro reuniones con Pano, en las que supuestamente se le ofreció dinero para modificar su declaración judicial. Pano, por su parte, declaró que transportó bolsas con 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE y que la oferta económica osciló entre 50.000 y 250.000 euros, supuestamente en nombre de personas vinculadas al partido y con el objetivo de favorecer a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
De la Hoz sostiene que fue Pano, junto a su chófer Álvaro Gallego, quien contactó con su despacho en febrero de 2025 para solicitar intermediación en la venta de operadoras de hidrocarburos. La abogada afirma que rechazó la operación al detectar irregularidades fiscales en una de las sociedades y que, lejos de ofrecer dinero, fue la propia Pano quien pidió una comisión adelantada de 10.000 euros por la posible venta.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia, que han salpicado a varios exresponsables políticos y empresarios. La Audiencia Nacional continúa analizando los testimonios y pruebas aportadas, mientras la defensa de De la Hoz mantiene su postura de desvinculación total con el PSOE y niega cualquier intento de manipulación de testigos.
La tensión en torno a la independencia judicial y la politización de los tribunales ha sido objeto de debate en los últimos años. En este contexto, el magistrado Manuel Marchena ha advertido sobre el riesgo de desconfianza ciudadana hacia la justicia y la necesidad de limitar la acusación popular, como se recoge en un análisis reciente sobre la percepción de los tribunales españoles.
El caso Leire Díaz, en el que se enmarca la declaración de De la Hoz, sigue abierto y pendiente de nuevas diligencias. La evolución de este proceso es seguida de cerca por el sector jurídico y político, dada la relevancia de los nombres implicados y el trasfondo de presunta corrupción en la gestión de fondos públicos durante la emergencia sanitaria. La Audiencia Nacional deberá determinar si existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones o si, como defiende la abogada, se trata de un intento de venganza personal sin base real.
En España, los casos de presunta corrupción vinculados a la contratación pública durante la pandemia han generado un intenso debate sobre los mecanismos de control y la transparencia en la gestión de fondos. La figura de la acusación popular, habitual en procesos de alto perfil, ha sido cuestionada por su posible uso político. El caso de Leticia de la Hoz pone de relieve la complejidad de estos procedimientos y la dificultad de separar los intereses personales de los hechos judiciales.
