El Ayuntamiento de Madrid transfiere 19 parcelas municipales a la Comunidad para construir residencias de mayores bajo gestión privada. El valor contable supera los 87 millones. El modelo genera críticas por su impacto en el patrimonio público.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la cesión de 19 parcelas municipales, con un valor contable de 87,8 millones de euros, a la Comunidad de Madrid para levantar 40 nuevas residencias de mayores bajo un modelo de gestión público-privada. La operación, que afecta a casi 200.000 metros cuadrados repartidos en 13 distritos, permitirá a empresas privadas explotar estos centros durante décadas, replicando el esquema de la educación concertada.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, impulsa este plan con el objetivo de que todas las residencias estén en funcionamiento antes de 2030. Las empresas adjudicatarias podrán gestionar tanto plazas públicas, a precio regulado, como privadas, que serán más caras y supondrán la mayor parte del negocio. Además, podrán obtener ingresos adicionales por servicios como cafetería, parking o actividades complementarias.
El valor de las parcelas, según la documentación municipal, no refleja el precio de mercado, que podría ser considerablemente superior. Por ejemplo, la parcela de la calle Oslo, ya en concurso, tiene un valor contable de 648.197 euros, pero su valor catastral asciende a dos millones. En este solar se prevé construir una residencia con 80 plazas públicas y 120 privadas, y la concesión se extenderá hasta 75 años, el máximo legal permitido.
El modelo ha generado una fuerte polémica política. Desde la oposición, se critica la pérdida de patrimonio público y la falta de control sobre la gestión privada. Representantes del PSOE y Más Madrid advierten de que este sistema puede favorecer a quienes tienen mayores recursos y dejar a otros en lista de espera para plazas públicas. También alertan sobre el riesgo de precarización laboral y de una atención de menor calidad para los mayores.
La selección de los terrenos se realizó tras una solicitud de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con el fin de integrarlos en el Plan de Construcción de Centros 2024-2030. La mayoría de las parcelas cedidas estaban sin uso y su transferencia se ha hecho de forma gratuita. El Ayuntamiento justifica la ausencia de canon para las empresas por la obligación de reservar plazas públicas a precio tasado, lo que, según la memoria del proyecto, compensa la explotación del suelo público.
Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno regional, que desde 2019 ha iniciado la cesión de hasta 100 parcelas públicas para proyectos gestionados por operadores privados, incluyendo colegios concertados y viviendas de alquiler asequible. El caso de las residencias de mayores destaca por la magnitud de la superficie implicada: el equivalente a 20 veces la Plaza Mayor, según el propio Consistorio.
El debate sobre la colaboración público-privada en servicios esenciales no es nuevo en España. Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió una investigación sobre posibles prácticas colusorias en el sector bancario, lo que refleja la creciente atención sobre la gestión de recursos públicos y privados en sectores clave (más detalles sobre la investigación de la CNMC).
En el contexto nacional, la demanda de plazas en residencias de mayores sigue creciendo debido al envejecimiento de la población. Según datos oficiales, Madrid cuenta con una de las mayores listas de espera para acceder a plazas públicas en residencias. El nuevo modelo busca aumentar la oferta, pero su impacto real sobre la equidad y la calidad del servicio está en el centro del debate político y social.
