El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la tala de árboles protegidos en el antiguo hospital militar de Chamberí. El edificio, cedido a la Fundación Jiménez Díaz, será explotado por Quirón durante 75 años. La decisión genera críticas vecinales y debate sobre el uso del espacio.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la tala de varios árboles protegidos en el antiguo Hospital del Generalísimo Franco, un complejo de más de 24.000 metros cuadrados en Chamberí que permanecía vacío desde 2001. La parcela, propiedad del Ministerio de Defensa, fue adjudicada en 2024 a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por el grupo sanitario Quirón, mediante una concesión de 75 años a cambio de 180 millones de euros. La decisión municipal afecta especialmente a seis ejemplares del jardín norte, catalogados como de obligada conservación por su antigüedad y porte, de los cuales solo uno podrá ser trasplantado según la autorización oficial.
La operación ha generado un fuerte malestar entre los vecinos, que denuncian la desaparición de árboles históricos y la transformación del espacio verde en un aparcamiento subterráneo de tres plantas y más de 9.500 metros cuadrados. El proyecto, ejecutado por Ferrovial, contempla que un tercio de las plazas del futuro parking se reserve para el Ministerio de Defensa. Las obras, iniciadas el año pasado con la demolición interior del edificio, han continuado este verano, coincidiendo con la ausencia de muchos residentes por vacaciones. En la entrada del recinto, los restos de la tala y la señalización de “zona de protección ambiental” evidencian el avance de los trabajos.
El cambio de uso del inmueble fue aprobado en 2011 mediante un Plan Especial que permitía su destino a servicios de la administración pública y protegía parte de la vegetación existente. Sin embargo, la licitación de 2023 no obligaba a un uso sanitario concreto, aunque otorgaba más puntos a propuestas de interés social, docente o sanitario. Finalmente, la Fundación Jiménez Díaz fue la única entidad que se presentó al concurso y podrá explotar el complejo hasta 2099, sin que se haya detallado aún el número exacto de plazas del aparcamiento.
Las cifras sobre los árboles afectados varían según las fuentes. El Ayuntamiento sostiene que deben talarse 29 ejemplares, de los cuales solo uno puede ser trasplantado, mientras que Quirón afirma que se conservarán tres y se trasplantará uno. La Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid exige autorización municipal y un informe técnico para talar árboles con más de 10 años o 20 centímetros de diámetro, además de la reposición obligatoria de ejemplares equivalentes a la edad de los eliminados.
Vecinos como Jaime Ramírez, miembro de la asociación El Organillo, lamentan la pérdida de árboles que han formado parte del paisaje del barrio durante décadas. Ramírez, que ha vivido frente al hospital toda su vida, recuerda cómo el edificio fue un referente sanitario militar desde los años cincuenta hasta su cierre en 2001. La cesión del inmueble a Quirón ha sido criticada por colectivos como Audita Salud, que consideran insuficiente la contraprestación económica y cuestionan la falta de un uso público para el espacio en un contexto de deterioro de la sanidad pública madrileña.
El debate sobre la gestión de espacios públicos y la protección del arbolado urbano en Madrid se suma a otras polémicas recientes en la ciudad, como la situación de las personas sin hogar en Montjuïc, donde más de 200 personas sobreviven en condiciones extremas, según un reciente reportaje sobre asentamientos precarios en Barcelona. En ambos casos, la presión sobre el espacio urbano y la respuesta de las autoridades generan debate sobre el equilibrio entre desarrollo, protección ambiental y necesidades sociales.
En el contexto madrileño, la tala de árboles protegidos no es un hecho aislado. El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el Ayuntamiento ha recibido solicitudes para talar decenas de ejemplares en otros complejos públicos, como La Moncloa. La normativa autonómica obliga a reponer los árboles eliminados, pero la pérdida de ejemplares históricos plantea dudas sobre la efectividad de las compensaciones y el futuro de los espacios verdes en la capital. La evolución de este caso será clave para entender cómo se gestionan los intereses públicos y privados en el urbanismo madrileño.
