El Ministerio de Migraciones recurre a extranjería para evitar más retrasos en la regularización extraordinaria. El volumen de solicitudes casi duplica las previsiones. Se priorizan los expedientes en riesgo de superar plazos.
El Ministerio de Migraciones ha activado un plan de urgencia para frenar el atasco en la regularización extraordinaria de migrantes, tras recibir casi 1,2 millones de solicitudes, muy por encima del medio millón previsto. La medida implica la incorporación de las oficinas de extranjería, que hasta ahora estaban centradas en los trámites ordinarios, para acelerar la gestión de unos 250.000 expedientes que corren riesgo de quedar fuera de plazo.
La colaboración, negociada con Política Territorial, permitirá que cerca de 1.300 funcionarios de extranjería trabajen fuera de su horario habitual, cobrando 10 euros por cada expediente tramitado y una cantidad similar para los coordinadores de cada oficina. El presupuesto destinado ronda los 2,6 millones de euros, según fuentes de la Administración pública. El objetivo es evitar que los retrasos, ya notables, se agraven durante el verano, periodo en el que los plazos de tres meses para resolver cada caso pueden vencerse con facilidad.
El acuerdo, publicado en el BOE, especifica que el apoyo de extranjería será de carácter material y técnico: revisión de documentación y registro de expedientes, mientras que la resolución final seguirá en manos de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX). Hasta el 2 de julio, solo 11.000 solicitudes habían sido resueltas definitivamente, frente a las más de 1,17 millones presentadas y las 608.000 admitidas a trámite, lo que evidencia la magnitud del desafío.
El retraso en las resoluciones ya está generando incertidumbre entre los migrantes, que temen perder sus empleos ante la falta de respuesta, y entre empresarios que advierten sobre posibles despidos. El Gobierno ha recordado que el permiso provisional sigue siendo válido más allá de los tres meses y que el silencio administrativo permite a los afectados recurrir y continuar el proceso. Esta situación no es nueva: en las regularizaciones ordinarias, los abogados suelen esperar la resolución definitiva, aunque llegue con demora, ya que el proceso judicial tampoco garantiza mayor rapidez.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que se cumplirán los plazos gracias a la adopción de medidas adicionales, como la actual movilización de extranjería. Hasta ahora, estas oficinas habían sido reforzadas para resolver expedientes de arraigo y residencia de menores, logrando cerrar unos 150.000 casos a finales de junio. Ahora, su experiencia se traslada al proceso extraordinario, que comenzó en abril y cerró el plazo de solicitudes el 30 de junio.
El procedimiento fue diseñado con el apoyo de Correos, la Seguridad Social y, en menor medida, extranjería, además de la colaboración de la empresa pública Tragsa. Sin embargo, el volumen inesperado de solicitudes ha obligado a recurrir de nuevo a las oficinas de extranjería, habituadas a este tipo de trámites. En la primera semana, más de 130.000 migrantes presentaron su solicitud, lo que significa que para muchos el plazo de tres meses ya ha expirado o está a punto de hacerlo.
La admisión a trámite otorga un permiso de trabajo y residencia provisional, que solo se revocará si la resolución final es negativa, algo poco probable según la tendencia observada, ya que la mayoría de los solicitantes han presentado toda la documentación requerida, incluidos los antecedentes penales de sus países de origen. No obstante, los retrasos empiezan a afectar a quienes esperan una respuesta definitiva.
El endurecimiento del acceso a la regularización extraordinaria se produjo tras el paso del decreto por el Consejo de Estado, que recomendó mayores garantías para evitar impugnaciones judiciales. El decreto ha sido recurrido por comunidades como Madrid, Valencia y Aragón, así como por el partido Vox, aunque el Tribunal Supremo aún no ha dictado sentencia. En este contexto, la gestión de los expedientes se ha convertido en un reto administrativo de primer orden.
La presión sobre los servicios de extranjería no es nueva. En otras áreas, como el acceso a la vivienda pública, los cambios en los criterios de arraigo han generado también controversia y dificultades para colectivos específicos, como se analizó en el artículo sobre el impacto de la prioridad nacional en Valencia: nuevos requisitos de arraigo complican el acceso a vivienda pública para militares y otros colectivos.
En España, la regularización extraordinaria de migrantes es una medida excepcional que busca dar respuesta a situaciones de irregularidad prolongada. El proceso implica la revisión exhaustiva de documentación y antecedentes, y su éxito depende en gran parte de la capacidad administrativa para gestionar grandes volúmenes en plazos ajustados. La experiencia de las oficinas de extranjería en trámites similares puede ser clave para evitar un colapso mayor. Además, la coordinación entre distintos organismos públicos y la adaptación de recursos humanos resultan determinantes en la eficacia de la respuesta estatal ante desafíos migratorios de esta magnitud.
