Una mujer deberá devolver más de 32.000 euros tras perder su pensión no contributiva de invalidez. La Seguridad Social detectó que superó el límite de ausencias en el extranjero y los ingresos familiares permitidos durante varios años.
La Seguridad Social ha retirado la pensión no contributiva de invalidez a una mujer tras descubrir que permaneció 680 días en Marruecos entre 2018 y 2021. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la extinción de la prestación y la obligación de devolver 32.857,20 euros, al considerar que la beneficiaria incumplió los requisitos de residencia y superó el tope de ingresos familiares.
La afectada cobraba la pensión desde diciembre de 2013, con una cuantía mensual de 604,20 euros y un complemento adicional. Además, percibía una pensión de Marruecos de 96,68 euros mensuales. Sin embargo, la normativa exige que los beneficiarios de este tipo de ayudas residan de forma continuada en España, permitiendo ausencias máximas de 90 días por año natural, salvo causas médicas justificadas.
Ausencias prolongadas
Según la sentencia, la mujer pasó 135 días fuera de España en 2018, 136 en 2019, 260 en 2020 y 149 en 2021, sumando un total de 680 días en Marruecos. Estos periodos exceden ampliamente el límite anual permitido, lo que llevó a la Administración a considerar interrumpida la residencia y, por tanto, a extinguir el derecho a la pensión desde el 1 de junio de 2018.
La beneficiaria alegó que las restricciones por la pandemia dificultaron su regreso en 2020, pero el tribunal determinó que no se acreditó una imposibilidad real de volver a España, ya que las normas permitían la entrada de residentes por diferentes vías. Además, el exceso de ausencias ya se había producido en años anteriores y volvió a repetirse en 2021.
Ingresos familiares por encima del límite
El caso no se limitó a las ausencias. En 2021, la unidad de convivencia de la mujer declaró ingresos de 73.291,08 euros, más del doble del máximo permitido para una familia de tres miembros, que ese año era de 33.835,20 euros. La mayor parte de estos recursos procedían de una pensión de incapacidad de una hija conviviente y de la prestación marroquí de la demandante.
El tribunal aclaró que la deuda de 32.857,20 euros corresponde a las cantidades indebidamente percibidas desde junio de 2018 hasta 2022, y no al límite de ingresos.
Obligaciones de los beneficiarios
Las personas que reciben una pensión no contributiva deben informar a la Seguridad Social de cualquier cambio en su residencia, convivencia o situación económica en un plazo máximo de 30 días. Una salida puntual al extranjero no implica la pérdida automática de la prestación, pero superar el límite anual de ausencias o los ingresos permitidos puede suponer la extinción del derecho y la obligación de devolver las cantidades cobradas.
Contexto y consecuencias
Las pensiones no contributivas de invalidez están destinadas a personas con discapacidad que carecen de recursos suficientes y cumplen requisitos estrictos de residencia y nivel de ingresos. El control de estos parámetros se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras la digitalización de los registros y el cruce de datos internacionales. Casos como este subrayan la importancia de cumplir con las obligaciones legales para evitar sanciones económicas y la pérdida de prestaciones sociales.
