Más de 500 menores bolivianos fueron víctimas de abusos sexuales por parte de jesuitas. Un nuevo libro recopila pruebas y testimonios que sustentan una denuncia por crimen de lesa humanidad. El caso revela una red de encubrimiento institucional.
La publicación del libro "Las puertas del infierno" ha puesto en el centro del debate la magnitud de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Compañía de Jesús en Bolivia. El volumen, elaborado por tres integrantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), documenta más de 500 casos de menores afectados desde la década de 1960, aunque la CBS eleva la cifra a más de 1.000 víctimas. El caso más conocido, el del jesuita español Alfonso Pedrajas, destapado en 2023, solo fue el inicio de una serie de denuncias que han sacudido a la sociedad boliviana y han puesto en cuestión la actuación de la orden religiosa.
El libro, presentado esta semana, reúne testimonios de víctimas, informes periodísticos y documentos internos incautados en sedes jesuitas. Según sus autores, los delitos fueron cometidos de forma sistemática y amparados por una política institucional de encubrimiento. Los abusos se produjeron en centros gestionados por la Compañía de Jesús, como el internado-colegio Juan XXIII de Cochabamba, la ONG Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y el hogar Tacata, todos destinados a menores en situación vulnerable.
Las investigaciones revelan que, cuando alguna víctima lograba denunciar los hechos ante la Iglesia, las autoridades eclesiásticas evitaban trasladar los casos a la justicia ordinaria. Esta dinámica permitió que los abusos continuaran durante décadas, protegidos por una red de silencio que, según el libro, alcanzó incluso a la Provincia Tarraconense en Cataluña y a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma. El análisis de los documentos muestra que la protección institucional fue clave para la impunidad de los agresores.
En marzo de este año, dos ex altos cargos jesuitas en Bolivia, ambos españoles, fueron condenados a un año de prisión por encubrir los crímenes de Pedrajas, conocido como Padre Pica. Sin embargo, la sentencia no se ha ejecutado debido a recursos presentados por la defensa, lo que ha generado críticas por la lentitud y dilación del proceso judicial. Edwin Alvarado, uno de los autores del libro y víctima directa, señala que si los acusados fallecen antes de que la condena sea firme, el juicio quedaría extinguido.
El libro también detalla cómo, tras denuncias internas, los responsables eran trasladados a otros destinos donde seguían en contacto con menores. Por ejemplo, tras una denuncia en 1983, Pedrajas fue enviado a las minas, y su sustituto, Francesc Peris, llegó a Bolivia tras huir de acusaciones en Barcelona. Casos similares se repiten con otros jesuitas, como Luis Tó González, quien fue destinado a Bolivia poco después de ser hallado culpable de violación en España. Documentos internos muestran que tanto la dirección en Cataluña como la sede central en Roma estaban al tanto de los riesgos de reincidencia.
La obra enumera a 23 sacerdotes jesuitas denunciados ante la CBS, entre ellos Luis Roma, acusado de abusar de al menos 70 niñas indígenas, y Alejandro Mestre, quien llegó a ocupar un cargo relevante en la Conferencia Episcopal Boliviana pese a las acusaciones. También se menciona a Jorge Vila, fundador de la ONG DNI, señalado por utilizar fondos internacionales para extorsionar a víctimas.
La mayoría de los casos ya han sido presentados ante el Ministerio Público de Bolivia, mientras otros siguen en proceso de documentación. Los autores esperan que el libro sirva como herramienta de prevención y ayude a visibilizar los mecanismos de encubrimiento. Insisten en que la reparación debe ir más allá de una disculpa pública e incluir un reconocimiento integral del daño causado.
El escándalo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de reformas en los protocolos de protección de menores en organizaciones religiosas. En España, la cuestión de la confianza en la justicia y la gestión de casos mediáticos ha sido objeto de análisis, como se refleja en la reciente advertencia del Supremo sobre la politización de los tribunales, tema abordado en un reportaje sobre la preocupación por la desconfianza ciudadana en la justicia.
En el contexto internacional, los casos de abusos en instituciones religiosas han impulsado investigaciones y reformas en varios países. En España, la Iglesia católica ha enfrentado demandas similares y ha iniciado auditorías internas, aunque las víctimas reclaman mayor transparencia y reparación. La publicación de "Las puertas del infierno" se suma a una tendencia global de denuncia y búsqueda de justicia para las víctimas de abusos en entornos protegidos por el silencio institucional.
