La Guardia Civil ha arrestado a tres personas tras descubrir una trama internacional de estafas con criptomonedas. La investigación comenzó por la denuncia de un vecino de Oropesa que perdió 340.000 euros. Se han intervenido dispositivos y rastreado más de 100 cuentas bancarias.
Una denuncia presentada en Oropesa del Mar por la pérdida de 340.000 euros en una supuesta inversión en criptomonedas ha permitido a la Guardia Civil desarticular una organización criminal internacional dedicada a estafas financieras y blanqueo de capitales. La operación, bautizada como Tossit, ha culminado con la detención de tres personas y el registro de domicilios en Barcelona y Pontevedra, donde los agentes han incautado dispositivos electrónicos y otros objetos relevantes para la investigación.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, la red captaba a sus víctimas a través de plataformas fraudulentas que simulaban ser portales de inversión legítimos. Estas páginas mostraban beneficios ficticios y movimientos de capital inventados, con el objetivo de generar confianza y animar a los inversores a realizar nuevas aportaciones económicas. Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, los responsables exigían pagos adicionales bajo pretextos como comisiones, impuestos o desbloqueo de cuentas, lo que incrementaba las pérdidas y hacía imposible la recuperación de los fondos invertidos.
La investigación ha revelado una estructura criminal jerarquizada, en la que cada miembro tenía funciones específicas: desde la captación y contacto con las víctimas hasta la recepción y traslado de fondos, pasando por la conversión del dinero en criptoactivos. El seguimiento del dinero fue uno de los aspectos más complejos del caso, ya que la organización utilizaba más de un centenar de cuentas bancarias en el extranjero, transferencias entre particulares (P2P) y remesadoras internacionales para dificultar la trazabilidad y el rastreo de los fondos. Estas cuentas permanecían activas solo durante cortos periodos y eran sustituidas con frecuencia, lo que complicaba la labor de los investigadores y la posible recuperación del dinero por parte de las víctimas.
Durante los registros realizados en Barcelona y Pontevedra, los agentes han intervenido dispositivos electrónicos y otros efectos que serán analizados para determinar el alcance total de la actividad delictiva y la posible existencia de más víctimas o colaboradores. La investigación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que dirige las diligencias judiciales abiertas tras la operación.
La Guardia Civil insiste en la importancia de extremar las precauciones ante cualquier oferta de inversión que prometa beneficios elevados o garantizados. Recomienda verificar siempre la legitimidad de las plataformas y desconfiar de solicitudes de pagos adicionales para liberar beneficios o desbloquear cuentas, ya que estas exigencias suelen ser indicio de fraude. El caso pone de relieve el auge de las estafas relacionadas con criptoactivos en España y la sofisticación de las redes criminales que operan en este ámbito. Según datos del Ministerio del Interior, los delitos económicos vinculados a inversiones falsas han aumentado en los últimos años, especialmente aquellos que utilizan canales digitales y criptomonedas para dificultar el rastreo del dinero. La colaboración internacional y el refuerzo de los equipos especializados en ciberdelincuencia se han convertido en prioridades para las fuerzas de seguridad españolas.
