Dos reclusos han muerto en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla tras un ataque violento en una celda. El presunto agresor, también interno, fue trasladado tras el suceso. El caso reabre el debate sobre la atención psiquiátrica en prisiones.
Un grave incidente en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha dejado dos internos muertos durante la madrugada del lunes. Según fuentes sindicales y de Instituciones Penitenciarias, un recluso de 26 años habría acabado con la vida de sus dos compañeros de celda, uno por asfixia y otro tras una brutal paliza. El suceso se produjo en el módulo residencial 3, donde los funcionarios hallaron a las víctimas durante la ronda nocturna: uno de los fallecidos tenía 54 años y el otro, 26.
El presunto agresor permaneció en la cama tras los hechos, esperando la llegada de los funcionarios. Uno de los internos fue encontrado aún con vida, pero murió antes de recibir atención médica. El autor de los hechos fue trasladado al módulo de agudos, mientras que la Policía Científica, la Policía Judicial, la autoridad judicial, personal forense y responsables penitenciarios acudieron al centro para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.
Representantes sindicales han destacado la rápida intervención de los funcionarios para evitar que el incidente se extendiera al resto de la población penitenciaria. Sin embargo, han vuelto a denunciar las carencias en la atención a internos con patologías psiquiátricas, subrayando la necesidad de una monitorización constante que, según afirman, no es posible con los recursos actuales.
El último plan estratégico de salud mental de la Junta de Andalucía advierte que ocho de cada diez reclusos presentan algún tipo de alteración mental, y un tercio requiere atención especializada. Los trastornos de personalidad y la patología dual son especialmente frecuentes, y más de la mitad de los internos consumen psicofármacos. Los sindicatos insisten en reforzar los recursos humanos y sanitarios, completar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y adaptar las plantillas a la complejidad actual de los centros.
El caso pone de relieve la dificultad de gestionar una población reclusa cada vez más compleja, con un aumento de internos con graves trastornos psiquiátricos y perfiles criminológicos difíciles de manejar. Los representantes de los trabajadores reclaman medidas estructurales para garantizar la seguridad y una atención adecuada a los internos con enfermedad mental.
En España, la gestión de la sanidad penitenciaria sigue siendo un reto pendiente. Aunque la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud prevé el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, este proceso avanza lentamente. La sobrecarga de los profesionales y la falta de recursos específicos dificultan la atención a los internos con patologías mentales graves. El caso de Sevilla vuelve a poner en primer plano la urgencia de adaptar el sistema penitenciario a las necesidades reales de la población reclusa, donde la salud mental es un factor crítico para la seguridad y la convivencia en los centros.
