La Asociación de Padres de Niños Autistas del Sur de Extremadura (Apnasurex) recibió una multa de 9000 euros después de que la Inspección de Trabajo concluyera que varios de sus voluntarios actuaban como empleados en una caseta solidaria. La entidad, que finalmente abonó 5400 euros por pronto pago, sostiene que ninguno de los 14 colaboradores recibió compensación y que todo el dinero recaudado se destinó a su programa de verano para menores con autismo.
El expediente se abrió tras la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro en Salvatierra de los Barros, la noche del 30 de mayo de 2026. Dos subinspectoras, acompañadas por la Guardia Civil, identificaron a varias personas atendiendo la caseta de comida y bebida. Según Apnasurex, las declaraciones de dos colaboradores bastaron para que la Inspección sospechara de una relación laboral encubierta, aunque la organización insiste en que todos actuaron de forma altruista y sin recibir pago.
Ministerio de Trabajo
La asociación presentó ante la Administración declaraciones responsables de los voluntarios, estatutos, extractos bancarios, facturas y cartas de apoyo institucional, entre ellas la del alcalde y la Federación Autismo Extremadura. Los 15.010 euros recaudados, según la documentación, se ingresaron íntegramente en la cuenta de la entidad y se usaron para financiar una escuela de verano que ayuda a la conciliación familiar y mantiene rutinas para unos 30 menores con trastorno del espectro autista.
El caso muestra la dificultad legal que rodea el voluntariado en España. La Ley 12/2019 del Voluntariado de Extremadura y la Ley 45/2015 de Voluntariado exigen acuerdos escritos y prohíben la contraprestación económica, pero la Inspección de Trabajo tiene presunción de certeza sobre los hechos recogidos en sus actas, lo que complica la defensa de entidades pequeñas ante sanciones de este tipo.
Apnasurex optó por el pronto pago, que reduce la sanción en un 40%, para evitar un litigio largo y costoso que habría restado recursos a los menores. La junta directiva subraya que esta decisión no supone reconocer ninguna infracción, sino proteger la continuidad de sus actividades. La asociación rechazó donaciones de vecinos para cubrir la multa, argumentando que la solución debe venir de la Administración y no de las familias afectadas.
Plataforma del Tercer Sector
La caseta solidaria, en funcionamiento desde 2008, es el principal sustento de la escuela de verano de Apnasurex. La entidad, con sede en Zafra, forma parte de las nueve asociaciones de autismo de Extremadura y recibe una ayuda de la Diputación, aunque no accede a otras subvenciones por no tener local propio. La Federación Autismo Extremadura ha pedido el archivo del expediente y ha respaldado públicamente a la asociación.
El caso de Apnasurex se suma a otros conflictos recientes entre entidades sociales y la Administración, donde la interpretación de la relación laboral ha sido clave para la imposición de sanciones. Como se ha reportado anteriormente, los procedimientos administrativos pueden tener consecuencias económicas graves incluso cuando las organizaciones actúan con transparencia y buena fe.
La frontera entre voluntariado y empleo sigue siendo poco clara en la práctica, sobre todo para asociaciones pequeñas que dependen del compromiso personal de sus miembros. La sanción a Apnasurex, pese a la ausencia de lucro y la finalidad social de la recaudación, muestra una normativa rígida que no siempre distingue entre fraude y solidaridad. Si la Administración no revisa sus criterios, el riesgo es que iniciativas esenciales para familias vulnerables terminen asfixiadas por la burocracia y el temor a nuevas multas.
