Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas bajan en España, pero Cataluña sigue acumulando la mayor parte de los casos. La región representa el 39,7% de las denuncias penales, muy por encima de su peso poblacional.
Cataluña mantiene su posición como la comunidad autónoma con mayor incidencia de ocupaciones ilegales de viviendas en España, a pesar de que en 2025 se registró una caída del 15% en las denuncias penales respecto al año anterior. Según los datos del Ministerio del Interior, la región sumó 5.913 denuncias, lo que equivale al 39,7% del total nacional, mientras que su población representa solo el 16%. Las cuatro provincias catalanas encabezan la estadística de ocupaciones por cada 100.000 habitantes, situando a la comunidad en el centro del debate sobre la seguridad y la vivienda.
En el ámbito civil, los juzgados catalanes tramitaron 377 denuncias por ocupación sin consentimiento en 2025, un 18,6% menos que el año anterior. Estas cifras, recogidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), suponen una de cada cinco denuncias civiles en todo el país. La reducción de casos se atribuye a varios factores, entre ellos la adopción de medidas de seguridad por parte de los propietarios y la entrada en vigor de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), que desde abril obligan a intentar una mediación antes de acudir a los tribunales.
Sin embargo, las entidades sociales advierten que la caída de denuncias no implica una mejora real para las familias vulnerables. Alertan de que la supresión de la moratoria antidesahucios, tras la decisión del PP y Junts, podría provocar un repunte de los desalojos y de los alquileres en 2026. Guillem Domingo, del Observatorio Desca, señala que el fin de este escudo social incrementará la presión sobre quienes ya se encuentran en situación precaria.
La policía autonómica ha detectado un aumento de ocupaciones con fines ilícitos, como el uso de viviendas para plantaciones de marihuana. Aunque Barcelona lidera en número absoluto de casos, Girona destaca por su tasa: casi 89 ocupaciones por cada 100.000 habitantes, frente a los 76 de Barcelona. En el partido judicial de Girona, el año pasado se ejecutaron 363 lanzamientos, según fuentes oficiales.
El Servei Comú Processal de Girona, dirigido por Vanesa Morejón, recibió 936 solicitudes de lanzamiento en 2025, pero solo el 38% acabaron con la desocupación efectiva del inmueble. Más de la mitad de los procedimientos fueron suspendidos por vulnerabilidad de los residentes, acuerdos entre partes o abandono previo de la vivienda. El servicio, pionero en Cataluña, tarda de media dos meses en ejecutar los lanzamientos y coordina su actuación con los servicios sociales y los Mossos d'Esquadra para minimizar riesgos durante los desalojos.
La mayoría de los casos civiles gestionados por la oficina de Morejón no corresponden a ocupaciones ilegales, sino a impagos o finalización de contratos, que representan el 97% de los procedimientos según el CGPJ. La diferencia entre ocupación ilegal y desahucio por impago es clave: mientras la primera implica la entrada sin permiso en una vivienda, la segunda responde a la incapacidad de cumplir con el alquiler, como ocurrió con la familia de Jordi Galí en Barcelona tras 22 años de residencia.
El descenso de las ocupaciones ilegales en España es del 9% en el último año, pero la problemática sigue concentrada en Cataluña. Las estadísticas muestran fluctuaciones trimestrales, con caídas tras la implantación de la mediación obligatoria y repuntes en los últimos meses de 2025. En el primer trimestre de 2026, los casos civiles volvieron a descender, con 88 frente a los 122 del año anterior.
El contexto de la ocupación ilegal de viviendas en España se enmarca en un escenario de tensión social y judicial, donde la protección de los derechos de los propietarios y la atención a la vulnerabilidad social chocan de forma recurrente. En otras regiones, como el País Vasco, la gestión de conflictos en el ámbito educativo también ha generado controversia, como se reflejó en la reciente suspensión cautelar de calificaciones en la PAU de Euskera, respaldada por más de 12.000 firmas y recogida en una cobertura anterior de espanol.news.
En España, la ocupación ilegal de viviendas se considera un delito cuando implica la entrada sin autorización en un inmueble, diferenciándose de los casos de impago o finalización de contrato. El proceso de recuperación de la posesión puede prolongarse hasta 20 meses, según el CGPJ. La presión sobre el mercado de alquiler y la falta de soluciones habitacionales para los colectivos más vulnerables siguen siendo retos pendientes para las administraciones públicas. La evolución de las cifras en 2026 dependerá en gran medida de las políticas de protección social y de la capacidad de respuesta de los servicios judiciales y sociales.
