La reforma del subsidio para mayores de 52 años incrementa el gasto público y reduce el incentivo a reincorporarse al trabajo. Fedea cifra el coste extra en casi 18.000 millones hasta 2030.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto el foco en el impacto de la reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, aprobada en 2019. Según el análisis del centro, la medida ha supuesto un fuerte incremento del gasto público y ha reducido los incentivos para que este colectivo regrese al mercado laboral, especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial.
El informe de Fedea estima que el coste adicional de la reforma alcanzará los 17.935 millones de euros entre 2019 y 2030. Este aumento se explica, en parte, por la ampliación de la cobertura: desde la entrada en vigor de los nuevos criterios, el número de beneficiarios crecerá en 315.000 personas adicionales hasta 2030, lo que representa un incremento de 37 puntos porcentuales respecto a la situación previa.
La reforma de 2019 revirtió varios cambios introducidos en 2012 tras la crisis financiera. Entre las modificaciones clave, se rebajó la edad mínima para acceder al subsidio de 55 a 52 años, se eliminó el requisito de considerar la renta familiar y se pasó a valorar solo la renta individual, se amplió el periodo de percepción hasta la jubilación y se elevó la base de cotización a la Seguridad Social al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Fedea advierte que, aunque la intención era proteger a los trabajadores de mayor edad con dificultades para encontrar empleo, el resultado ha sido cubrir la brecha entre la pérdida de trabajo y la jubilación, generando una permanencia más prolongada en el desempleo. Además, el centro señala un posible problema de equidad, ya que el acceso al subsidio no tiene en cuenta la situación económica de la unidad familiar, sino únicamente la del solicitante.
El contexto demográfico refuerza la relevancia del debate. En los últimos 20 años, la población española mayor de 50 años ha crecido en 6,8 millones de personas, hasta representar el 42% del total nacional. Paralelamente, el número de ocupados en este tramo de edad se ha duplicado, pasando de 4 a 8 millones en 2029, lo que supone el 36% de todos los trabajadores. Sin embargo, también ha aumentado el número de mayores en desempleo y la proporción de quienes reciben prestaciones asistenciales, como el subsidio para mayores de 52 años, que ya roza el 60% de los beneficiarios de ayudas por desempleo en ese grupo.
El debate sobre el coste y la eficacia de las ayudas públicas no es nuevo. En otras ocasiones, la atención se ha centrado en el impacto de las políticas sociales y económicas sobre el gasto público y la equidad, como ocurrió con la investigación sobre los pagos millonarios en el sector sanitario, que generó debate sobre la responsabilidad institucional y la gestión de fondos, tal como se analizó en un reciente caso relacionado con el sector público.
El análisis de Fedea subraya que la reforma del subsidio para mayores de 52 años ha tenido efectos significativos tanto en el presupuesto estatal como en la dinámica del mercado laboral. El aumento de la población envejecida y la prolongación de la vida laboral plantean nuevos retos para la sostenibilidad de las prestaciones y la integración de los trabajadores de más edad. Según datos oficiales, España mantiene una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, y el envejecimiento de la población podría intensificar la presión sobre el sistema de protección social en los próximos años.
